GUAYAQUIL, Guayas
El Municipio de Guayaquil anunció el inicio de acciones administrativas y penales para esclarecer un presunto caso de maltrato animal registrado en una camaronera de la isla Puná, tras la difusión de un video en redes sociales que mostraría actos de tortura y muerte de perros.
Mediante un boletín oficial emitido este martes 20 de enero de 2026, la autoridad municipal informó que, de manera preliminar, existiría una posible vinculación de personal de la camaronera con los hechos denunciados. Ante esta situación, la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (Pro Animal) se trasladará al sitio para realizar una inspección técnica y elaborar un informe que determine lo ocurrido.
El Municipio recordó que la ordenanza que regula la protección y control de la fauna urbana prohíbe expresamente prácticas como el ahogamiento, la sofocación y el enterramiento de animales vivos. En caso de comprobarse estas conductas, la Comisaría Municipal aplicará las sanciones administrativas correspondientes.
La normativa vigente clasifica este tipo de infracciones como muy graves y establece multas que van de tres a siete salarios básicos unificados, además de hasta 300 horas de servicio comunitario.
Delito penal
La administración municipal también advirtió que los hechos podrían configurar un delito penal. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 250.1, sanciona con penas de seis meses a un año de prisión la muerte de animales de fauna urbana, y de uno a tres años cuando el hecho ocurre como resultado de actos de crueldad.
En ese contexto, el Municipio solicitó a la Procuraduría Síndica presentar una denuncia formal ante la Fiscalía para que la investigación avance por la vía penal y se determinen responsabilidades conforme a la ley.
El pronunciamiento oficial se produjo luego de que circulara un video en redes sociales en el que se observa a tres personas maltratando a un perro en lo que sería una camaronera de Puná. Las imágenes generaron rechazo ciudadano y motivaron denuncias públicas de colectivos animalistas, entre ellos el Movimiento Animalista Nacional del Ecuador, que cuestionó prácticas de control poblacional y exigió sanciones ejemplares.
Por su parte, la Cámara Nacional de Acuacultura expresó su rechazo a cualquier forma de maltrato animal y solicitó que, de confirmarse los hechos, se sancione a los responsables conforme a la normativa vigente. El gremio aclaró que eventuales conductas individuales no representan al sector camaronero y advirtió que la información difundida hasta ahora no permite identificar con precisión a los responsables ni el lugar exacto de los hechos, por lo que pidió que las denuncias se sustenten en datos verificables y se tramiten por las vías formales. (I)
