GUAYAQUIL, Guayas
La confirmación de un contagio de tuberculosis fuera del sistema penitenciario encendió las alertas sanitarias y llevó a una mesa técnica, liderada por la Defensoría del Pueblo, a disponer una visita de emergencia a la Penitenciaría del Litoral. La inspección se realizará el jueves 29 de enero de 2026 en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 1, el más grande y conflictivo del país.
La resolución se adoptó este martes 21 de enero durante la segunda sesión de la Mesa de Emergencia Penitenciaria, instalada por orden de un juez constitucional que declaró la vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. La reunión avanzó sin la presencia del Ministerio de Salud Pública (MSP) ni del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), dos entidades clave para evaluar la crisis sanitaria.
La Penitenciaría del Litoral atraviesa una emergencia sostenida. En 2025, cerca de 1.000 personas privadas de libertad murieron por enfermedades y desnutrición crónica, según cifras del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil. A la crisis estructural se suman el hacinamiento, la falta de agua potable, la insalubridad y una alimentación deficiente.
Fernando Bastias, abogado del CDH, advirtió que la inasistencia del MSP y del SNAI impidió contar con cifras actualizadas sobre contagios, fallecimientos y tratamientos en curso. “Sin esa información no se puede construir un diagnóstico ni tomar decisiones urgentes”, señaló. Pese a ello, la mesa resolvió ejecutar la visita técnica y notificar al juez sobre el incumplimiento institucional.
Durante la sesión, la Defensoría del Pueblo confirmó el contagio de tuberculosis de una médica forense que manipula cuerpos provenientes de la Penitenciaría del Litoral, un hecho que evidencia la propagación extramuros de la enfermedad y eleva el riesgo de transmisión comunitaria, incluso con posibles cepas resistentes.
Mesa técnica
La mesa técnica también alertó sobre la exposición de personal de Fuerzas Armadas que mantiene contacto con internos contagiados sin protocolos sanitarios adecuados. Ante este escenario, se prevé convocar a observatorios médicos y universidades para incorporar criterios técnicos de salud pública tras la inspección.
La visita evaluará cuatro ejes prioritarios: entrega adecuada de alimentación conforme a estándares interamericanos, acceso efectivo a la salud y tratamientos médicos, seguridad sanitaria de funcionarios públicos y medidas concretas para reducir el hacinamiento carcelario.
De forma paralela, familiares de personas privadas de libertad realizaron un plantón en el centro de Guayaquil, en los exteriores de la Defensoría del Pueblo. Denunciaron la prohibición de ingresar medicinas, vitaminas y artículos de higiene, así como la suspensión de visitas por más de un año y cuatro meses.
Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna dentro y fuera de las cárceles, cuestionó la ausencia de las autoridades responsables. Aseguró que cada retraso agrava el estado de salud de decenas de internos. “Cada minuto cuenta para personas que se están muriendo día a día”, afirmó.
Los familiares también alertaron sobre la presencia de enfermedades dermatológicas y gastrointestinales, casos de sarna, colapso del alcantarillado y extorsiones dentro de los pabellones. Incluso denunciaron cobros ilegales para agilitar traslados hospitalarios, pese a existir órdenes judiciales como habeas corpus por razones de salud.
El escenario motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya calificó la situación en la Penitenciaría del Litoral como grave y urgente, y otorgó medidas cautelares al Estado ecuatoriano. (I)
