QUITO, Pichincha
El Gobierno abrió negociaciones con Power China para reemplazar los equipos críticos con fisuras en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó el 2 de febrero de 2026 que el proyecto de contrato de operación y mantenimiento incluye el cambio total de los distribuidores de agua, al considerar que las fallas no tienen solución técnica y vuelven inviable cualquier reparación.
Los ocho distribuidores —estructuras de acero conocidas como “caracol”— soportan la mayor presión dentro de la central. Reciben el agua que desciende desde casi 600 metros de altura y la canalizan hacia las turbinas para generar electricidad. Un informe de la Contraloría General del Estado de 2018 detectó más de 7.600 fisuras en estos equipos, lo que los convirtió en el principal problema estructural de la central.
El riesgo no es menor. Si una fisura progresa hasta provocar la ruptura de un distribuidor, el agua ingresaría sin control a la casa de máquinas, con capacidad de destruir las turbinas y poner en peligro a unos 70 técnicos que laboran en la central.
Fallas de origen y errores de fabricación
La hidroeléctrica fue construida por Sinohydro, empresa china cuya matriz es Power China. Según informes internos de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair, los distribuidores llegaron desde fábrica con fisuras. El ingeniero mecánico y experto en turbinas hidráulicas, Guido Llaguno, sostiene que Sinohydro y su subcontratista Harbin conocían estos defectos desde 2012, durante la etapa de fabricación en China.
Ese año, ambas empresas realizaron una inspección en la planta del subcontratista y detectaron irregularidades. Sin embargo, esos hallazgos no se reportaron de manera oficial y los equipos se enviaron a Ecuador para su instalación. Además, Llaguno advierte sobre documentos técnicos inconsistentes y sin trazabilidad clara, que no demostrarían que las pruebas correspondían a los distribuidores instalados en Coca Codo Sinclair.
Pese a ello, los equipos quedaron recubiertos con 3.200 metros cúbicos de hormigón, lo que obliga a demoler esa estructura para ejecutar cualquier reemplazo.
Incumplimiento de normas internacionales
El origen del problema radica en que Sinohydro no construyó los distribuidores bajo la norma ASME, un código internacional obligatorio para recipientes sometidos a alta presión. Informes internos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) confirman este incumplimiento, pese a que el contrato exigía expresamente el uso de esos estándares.
Llaguno explica que el fabricante omitió el tratamiento térmico de alivio de tensiones después de la soldadura, un procedimiento clave según ASME. Al no aplicarlo, las tensiones quedaron acumuladas en el material y, con el tiempo, se manifestaron en forma de fisuras. El código ASME no admite fisuras de ningún tamaño; su sola presencia vuelve inaceptable al equipo desde el punto de vista técnico.
Las primeras reparaciones, mediante soldadura, no solo fracasaron, sino que agravaron el problema. Las fisuras aumentaron en número y tamaño, y algunas ya permiten filtraciones de agua en la parte externa de los distribuidores.
En 2015, una inspección de Consulting Inspection Services, firma con certificación ASME, concluyó que los equipos no cumplían la norma y que las fisuras comprometían su integridad estructural. Estudios posteriores detectaron microfisuras internas, invisibles a métodos convencionales, que solo pueden crecer y multiplicarse con la operación.
Contraloría y expertos exigen reemplazo total
La Contraloría General del Estado recomendó en 2018 no firmar la recepción definitiva de la obra mientras no se reemplacen los distribuidores. Por esa razón, la central solo cuenta con recepción provisional. En 2020, la firma alemana TÜV SÜD ratificó que el fisuramiento no tiene solución técnica y que el reemplazo total constituye la única opción viable.
Manzano insistió en que Power China debe asumir el cambio de los ocho distribuidores. Para avanzar, Sinohydro y Celec deberán desistir del arbitraje internacional. La ministra informó que el Procurador General del Estado ya remitió el acuerdo al Centro Internacional de Arbitraje, que deberá emitir un fallo de conciliación.
El costo del reemplazo asciende a USD 25 millones por cada distribuidor, lo que suma una inversión aproximada de USD 200 millones. Aunque el proceso tomará varios años, el Gobierno y los expertos coinciden en que no existe otra alternativa técnica responsable para garantizar la operación segura y definitiva de Coca Codo Sinclair. (I)
