QUITO, Pichincha
La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate, el martes 10 de febrero de 2026, el paquete de reformas a la Ley de Ciberseguridad, que incorpora nuevos contenidos obligatorios en la malla curricular escolar y establece un régimen de sanciones para entidades públicas y privadas que no reporten ataques informáticos.
La propuesta, trabajada por la Comisión de Seguridad y respaldada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), introduce cambios a seis cuerpos legales, entre ellos la Ley de Educación Intercultural, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Transformación Digital.
La presidenta de la comisión, Inés Alarcón, explicó que la norma crea por primera vez un catálogo nacional de servicios esenciales e infraestructuras críticas, con el fin de fortalecer la prevención y respuesta ante incidentes cibernéticos. Además, fija un plazo máximo de 78 horas para que las entidades que administran información ciudadana reporten ataques o vulneraciones a las autoridades competentes.
La ley aclara que la notificación de un incidente no constituye, por sí sola, una prueba de negligencia, con el objetivo de incentivar el reporte oportuno. No obstante, el incumplimiento de esta obligación sí conlleva sanciones económicas progresivas.
Régimen sancionatorio
El régimen sancionatorio contempla infracciones leves, graves y muy graves. Las multas para funcionarios públicos van desde uno hasta 40 salarios básicos unificados, mientras que para empresas públicas y privadas oscilan entre el 0,1 % y el 1,5 % de su volumen de negocios, según la gravedad de la falta.
En el ámbito educativo, la reforma ordena la incorporación de un programa de alfabetización en seguridad digital en todos los niveles de enseñanza. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones, deberá implementar asignaturas orientadas al autocuidado digital, protección de datos personales, uso ético de la tecnología, pensamiento crítico frente a contenidos digitales y prevención del acoso y la violencia en entornos virtuales.
El oficialismo defendió esta medida como una herramienta clave para prevenir el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales que operan mediante plataformas digitales.
Ley de Comunicación
La normativa también reforma la Ley de Comunicación y obliga a los medios a destinar una hora diaria, no acumulable, para la difusión de contenidos oficiales de teleeducación, cultura, salud, derechos y seguridad digital.
Sin embargo, la bancada de la Revolución Ciudadana expresó reparos. El asambleísta Gerardo Machado advirtió que algunas reformas, especialmente en la Ley de Telecomunicaciones, otorgan amplias facultades al Estado que podrían derivar en un control político de las comunicaciones. A su criterio, estas disposiciones podrían interpretarse de forma expansiva durante estados de excepción o conmoción interna.
Pese a las críticas, el Pleno aprobó el texto, que ahora pasará al Ejecutivo para su sanción u objeción. De entrar en vigencia, la ley marcará un cambio estructural en la gestión de la ciberseguridad y en la formación digital de estudiantes en el país. (I)
