GUAYAQUIL, Guayas
La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de sus hermanos Antonio y Xavier, activó una inmediata reacción política del correísmo, que calificó al caso Goleada como una “cortina de humo” del Gobierno en medio de la crisis institucional que atraviesa el Consejo de la Judicatura.
La Fiscalía General del Estado ejecutó el operativo la madrugada del martes 10 de febrero de 2026 y confirmó la aprehensión de 11 personas, trasladadas posteriormente a Quito para la audiencia de formulación de cargos. El Ministerio Público informó que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, sin detallar aún los hechos específicos.
Durante la jornada, simpatizantes del alcalde se concentraron tanto en los exteriores de la Fiscalía del Guayas como en el Complejo Judicial Norte, en Quito, donde Alvarez permanecía a la espera de diligencias judiciales. Las autoridades dispusieron un resguardo policial y militar en ambas ciudades.
Desde el movimiento Revolución Ciudadana, su presidenta Gabriela Rivadeneira sostuvo que el proceso responde a una estrategia política del Ejecutivo. Aseguró que la investigación busca desviar la atención del juicio político que enfrenta Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
El abogado del alcalde, Ramiro García, afirmó que el caso Goleada se relaciona con los mismos hechos investigados en el denominado caso Triple A, vinculado a la comercialización de combustibles. También defendió que Alvarez ha cumplido las medidas cautelares y explicó que el grillete electrónico no estaba colocado al momento de la detención porque se encontraba cargando la batería.
La Fiscalía anunció que solicitará la revisión de esa medida ante el tribunal correspondiente. Mientras tanto, el proceso judicial continúa a la espera de que se instale la audiencia de formulación de cargos, que definirá la situación jurídica del alcalde y de los demás detenidos. (I)
