QUITO, Pichincha
El juez Jairo García ordenó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles David Álvarez Henriques, la tarde del miércoles 11 de febrero, dentro del denominado caso Goleada, que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
La medida también alcanza a sus hermanos Xavier Mario Álvarez Henriques y Antonio José Álvarez Henriques, así como a César Emilio Bravo Ibáñez y Fernando Patricio Peñaherrera Venegas. En contraste, el magistrado dispuso medidas sustitutivas para otros procesados.
En la lista de medidas alternativas constan Pablo Ricardo Pita Rendón, Carlos Andrés Asanza Colmont, David Álvarez Kronfle, Ricardo Fabio Bruzzone Puig y Gastón Aparicio Loy Correa. Para Pedro Juan Hidalgo Elinan, el juez ordenó el uso de grillete electrónico y dejó abierta la posibilidad de analizar un arresto domiciliario, considerando su edad.
Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado solicitó la prisión preventiva al argumentar la necesidad de neutralizar riesgos procesales. El Ministerio Público sostiene que la investigación revela un “entramado societario complejo” que habría evadido controles estatales y corrompido funcionarios en torno a la comercialización de combustible.
Aquiles Álvarez fue detenido el martes junto a sus hermanos y otras ocho personas. Tras la audiencia, pasadas las 20:00, un bus de la Policía Nacional trasladó a los procesados desde el Complejo Judicial Norte. El vehículo salió en medio de consignas de simpatizantes que permanecían en los exteriores del edificio. El traslado tendría como destino la Cárcel 4, en el norte de Quito.
Antes de que el juez emitiera su decisión, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, cuestionó en su cuenta de X el proceso judicial y pidió a organismos internacionales vigilar lo que calificó como una arbitrariedad contra una autoridad electa.
Hasta el Complejo Judicial también llegó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien expresó su respaldo a su homólogo guayaquileño. Con megáfono en mano, llamó a respetar el debido proceso y advirtió que la justicia no debe convertirse en una herramienta que debilite la confianza institucional. (I)
