QUITO, Pichincha
El juez anticorrupción Christian Fierro se apartó del tribunal que conoce el caso Triple ‘A’, proceso que investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por presunta comercialización ilegal de combustible en la frontera norte.
Fierro tomó la decisión pese a que el nuevo pleno del Consejo de la Judicatura lo restituyó en funciones el 19 de febrero de 2026, tras dejar sin efecto la suspensión preventiva de 90 días que pesaba en su contra desde el 4 de diciembre de 2025.
La medida disciplinaria surgió luego de que el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, presentara una queja en su contra por supuesta “responsabilidad por demora”, con base en el artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial. Según la Fiscalía, el expediente del caso Triple ‘A’ ingresó al tribunal el 24 de julio de 2025 y recién en septiembre se convocó a la audiencia de juicio, fijada inicialmente para el 21 de enero de 2026.
Sin embargo, la queja disciplinaria se presentó diez días después de que Fierro, junto al juez Carlos Serrano, condenara el 21 de noviembre de 2025 al ciudadano serbio Jezdimir Srdan en el denominado caso Euro 2024. Ese proceso cobró notoriedad pública por las tensiones en audiencia y por la relevancia de los acusados.
Mario Godoy
Tras la destitución de Mario Godoy por parte de la Asamblea Nacional el 18 de febrero de 2026, el renovado pleno de la Judicatura revocó la suspensión de Fierro. El organismo argumentó que prolongar la medida podía generar un vacío que afectara la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
No obstante, el magistrado decidió excusarse para evitar eventuales nulidades. En su escrito, dirigido a los jueces Gabriela Lara y Carlos Serrano, sostuvo que el proceso disciplinario en su contra continúa abierto y que el Código Orgánico Integral Penal contempla como causal de excusa mantener un juicio pendiente con alguna de las partes. En este caso, aludió al fiscal Alarcón, quien impulsó la acción administrativa.
Fierro reconoció que la norma menciona expresamente “juicio” y no procedimientos administrativos sancionadores, pero subrayó que la imparcialidad judicial debe evaluarse también desde una perspectiva externa. Por ello, optó por apartarse del conocimiento de la causa.
El caso Triple ‘A’ prevé instalar la audiencia de juicio en marzo de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito, en medio de un proceso que mantiene alta tensión política y jurídica en el país. (I)
