QUITO, Pichincha
Los principales gremios empresariales de Ecuador y Colombia solicitaron el lunes 2 de marzo de 2026 la suspensión temporal de los aranceles del 30% y 50% aplicados en el comercio bilateral y exhortaron a los gobiernos a instalar un diálogo al más alto nivel político y diplomático.
El pronunciamiento conjunto lo encabezaron el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en medio de una creciente tensión comercial tras la decisión del Gobierno ecuatoriano de elevar la denominada tasa de seguridad a importaciones provenientes de Colombia.
Impacto en empleo y cadenas productivas
Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, advirtió que las medidas ya alteran los flujos comerciales y generan distorsiones en precios, inventarios y empleo. Explicó que varias operaciones se adelantaron antes de la entrada en vigencia de los aranceles, por lo que el efecto estructural podría reflejarse con mayor claridad en los próximos meses.
Navarro sostuvo que el sector privado reconoce la prioridad de la seguridad nacional, pero enfatizó que la estabilidad económica también forma parte de esa seguridad. Aseguró que el sector empresarial actúa desde un enfoque técnico y que el diálogo constituye la única vía para evitar una escalada que perjudique a trabajadores y consumidores.
Desde Colombia, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, calificó la coyuntura como preocupante y recordó que ambas economías mantienen uno de los procesos de integración más profundos de la región. Indicó que el comercio bilateral se aproxima a los 3 000 millones de dólares y que alrededor de 2 500 empresas colombianas mantienen inversiones orientadas al mercado ecuatoriano.
Mac Master señaló que existen compañías que destinan más del 70% de su producción a Ecuador y advirtió que restringir el comercio implica limitar producción, empleo y acceso a bienes competitivos.
Riesgo para empresas y PIB
María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, cuestionó la tasa de seguridad y afirmó que por cada dólar recaudado se podrían perder seis dólares en importaciones formales. Aseguró que la medida generará desvío del comercio y afectará la meta de financiamiento prevista.
Según Jervis, la afectación podría impactar en al menos un punto del Producto Interno Bruto debido a la interconexión de las cadenas productivas. Estimó que 2 000 empresas y cerca de 200 000 empleos en Ecuador enfrentan riesgo si persiste la escalada arancelaria.
Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, alertó que el encarecimiento de importaciones abre espacio al contrabando. Precisó que entre el 1 y el 21 de febrero las importaciones desde Colombia cayeron 69% en valor y 61% en número de operaciones. Añadió que más de 7 600 importadores resultan afectados, aproximadamente la mitad personas naturales.
González destacó que Colombia provee medicamentos, alimentos, insumos médicos y agrícolas. Indicó que el 50% de los insumos para nefrología y diálisis y el 80% del material genético del sector avícola provienen de ese país.
Propuesta de mesa técnica y suspensión temporal
Javier Rosero, presidente ejecutivo de Fedexpor, estimó que el riesgo potencial alcanza al menos 25 millones de dólares mensuales y podría escalar hasta 75 millones si se consolida el arancel del 50% para la mayor parte de la oferta exportable ecuatoriana. Señaló que existen 4 000 empleos directos vinculados a exportaciones hacia Colombia.
Rosero anunció la conformación de una Mesa Nacional de Seguridad del sector exportador para coordinar acciones en frontera y propuso retomar el diálogo presidencial como condición para suspender temporalmente las medidas.
Los gremios coincidieron en separar la discusión de seguridad de las decisiones comerciales y plantearon suspender los aranceles como gesto de buena fe mientras se construye una solución estructural que preserve la integración andina y proteja el empleo en ambos países. (I)
