QUITO, Pichincha
El Registro Civil solicitó a la Asamblea Nacional aprobar reformas legales que permitan aplicar el fallo de la Corte Constitucional sobre el cambio de identidad de género en adolescentes. La entidad advirtió que la sentencia exige procedimientos que actualmente no están contemplados en la normativa vigente.
La Comisión de Transparencia de la Asamblea inició el 16 de marzo de 2026 un proceso de fiscalización para analizar los efectos que podría generar la decisión de la Corte Constitucional. La sesión arrancó con la intervención de la asambleísta Diana Jácome, de Acción Democrática Nacional (ADN), quien aclaró que el objetivo del proceso no busca cuestionar la sentencia judicial, sino evaluar su impacto en la sociedad ecuatoriana.
El fallo, publicado el 10 de marzo de 2026, establece que el Estado no puede negar automáticamente a los menores de 18 años la posibilidad de solicitar el cambio de género en sus documentos de identidad. La resolución surgió tras una acción de protección presentada por un adolescente.
La asesora jurídica del Registro Civil, María José Rentería, compareció ante la mesa legislativa y explicó que la sentencia asigna a esa institución la responsabilidad de analizar cada solicitud. Para ello, el organismo debe verificar la autorización de los representantes legales del menor y aplicar evaluaciones psicosociales que acrediten su madurez para tomar la decisión.
Sin embargo, Rentería sostuvo que el fallo no define con claridad varios procedimientos clave. Entre ellos mencionó qué debe hacer la institución si uno de los representantes legales se opone al cambio o quién deberá financiar las evaluaciones psicosociales requeridas para el proceso.
Modificar regulaciones
La funcionaria también señaló que aplicar la sentencia implicaría modificar regulaciones internas del Registro Civil, así como leyes relacionadas con la identificación ciudadana y la protección de menores de edad. Según explicó, estos cambios superan las facultades administrativas de la institución.
Rentería advirtió que la falta de un marco legal claro coloca al Registro Civil en una situación compleja. “Si no actuamos incumplimos la sentencia, pero si actuamos sin una ley podríamos violar el principio de legalidad y asumir funciones que corresponden al Legislativo”, señaló durante la sesión.
Ante este escenario, la institución pidió formalmente a la Asamblea que desarrolle una normativa que permita aplicar el fallo constitucional de forma clara y legal.
Durante el debate, el asambleísta Blasco Luna, de Revolución Ciudadana (RC), recordó que las sentencias de la Corte Constitucional tienen carácter definitivo y no pueden ser objeto de juicio político. También solicitó que el Registro Civil informe cuántas solicitudes de cambio de género en adolescentes se han presentado desde la publicación del fallo.
La respuesta oficial indicó que hasta el momento no se ha registrado ninguna solicitud bajo las condiciones establecidas por la sentencia.
Jácome señaló que el análisis del tema forma parte de las facultades de fiscalización del Legislativo, especialmente porque la decisión judicial modifica la interpretación del artículo 94 de la Ley del Registro Civil. La legisladora añadió que, según el fallo, los adolescentes entre 12 y 18 años podrían solicitar el cambio de género con base en lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. (I)
