QUITO, Pichincha
El presidente Daniel Noboa presentó una propuesta de enmienda constitucional que busca retirar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la facultad de designar autoridades y trasladar esa competencia a la Asamblea Nacional mediante nuevos mecanismos de selección pública.
El Ejecutivo remitió el documento al Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá notificar a la Corte Constitucional para continuar con el trámite legal. La iniciativa se enmarca en el actual contexto electoral y propone cambios estructurales en el sistema de designación de altos cargos del Estado.
Noboa cuestiona el rol del CPCCS y sostiene que concentra la designación de decenas de autoridades, mientras destina gran parte de sus recursos a gasto administrativo. Con base en ese diagnóstico, plantea reformar varios artículos de la Constitución para que la Asamblea asuma la designación y posesión de funcionarios clave.
Entre las autoridades que pasarían a ser designadas por el Legislativo figuran el fiscal general del Estado, el contralor, el defensor del Pueblo, el defensor Público, los integrantes del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral, además de las superintendencias, la Procuraduría General del Estado y miembros del Consejo de la Judicatura.
CPCCS
La propuesta incluye una pregunta para referendo, en la que se consulta a la ciudadanía si está de acuerdo con eliminar esta atribución del CPCCS e implementar procesos públicos basados en meritocracia, participación ciudadana y escrutinio transparente.
El proyecto detalla nuevos mecanismos de selección. En algunos casos, la Asamblea designaría autoridades a partir de postulaciones ciudadanas; en otros, escogería entre ternas enviadas por el Presidente. Para estos procesos se conformarían comisiones técnicas integradas por delegados de las funciones del Estado, representantes académicos y ciudadanos, encargadas de evaluar méritos, revisar requisitos, resolver impugnaciones y emitir informes vinculantes.
Además, la reforma introduce cambios en la estructura del Consejo de la Judicatura y en los procedimientos para elegir a los miembros del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la separación de poderes y el control institucional.
El envío del proyecto al CNE marca el inicio de un proceso que podría redefinir el modelo de designación de autoridades en Ecuador, sujeto al pronunciamiento de la Corte Constitucional y, posteriormente, al voto ciudadano en las urnas. (I)
