QUITO, Pichincha
Un reciente dictamen de la Corte Constitucional del Ecuador reactivó la posibilidad de que el país suscriba Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), instrumentos que quedaron prácticamente desmantelados tras las decisiones adoptadas durante el gobierno de Rafael Correa en 2017.
El fallo, emitido el 30 de marzo de 2026, redefine el alcance del artículo 422 de la Constitución y marca un giro en la política económica del país. La Corte determinó que la prohibición de ceder jurisdicción a arbitrajes internacionales aplica únicamente a controversias contractuales o comerciales, y no de forma general a los arbitrajes en materia de inversión.
Esta reinterpretación corrige el criterio adoptado años atrás por una anterior Corte Constitucional, que extendió la restricción a los TBI, lo que derivó en la denuncia de 17 acuerdos internacionales por parte del Estado ecuatoriano. Aquella decisión respondió a la postura crítica del correísmo, que consideraba estos tratados como una amenaza a la soberanía nacional frente a demandas de empresas extranjeras.
Emiratos Árabes Unidos
El nuevo dictamen se emitió en el contexto del acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes Unidos, país con el que el gobierno de Daniel Noboa busca fortalecer relaciones económicas. La Corte avaló el tratado, pero impuso una condición: excluir de manera expresa las disputas contractuales o comerciales del arbitraje internacional, lo que obliga a renegociar el texto antes de su ratificación.
En la práctica, esta decisión devuelve al Ecuador una herramienta clave para atraer inversión extranjera. Permite ofrecer mecanismos de arbitraje internacional más amplios, incluso a través del CIADI, organismo al que el país se reincorporó en 2021.
El fallo también abre la puerta para incluir capítulos de inversión en acuerdos comerciales y mejorar la competitividad del país frente a otros destinos de capital extranjero. Sin embargo, mantiene límites constitucionales que el Ejecutivo deberá respetar en futuras negociaciones.
Con este cambio, Ecuador inicia una nueva etapa en su estrategia de inserción internacional, en la que busca equilibrar la protección de la soberanía jurídica con la necesidad de captar inversiones para dinamizar sectores clave como minería, energía y telecomunicaciones. (I)
