QUITO, Pichincha
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional avanzó en el análisis de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con énfasis en nuevas disposiciones sobre infracciones de tránsito y sanciones por extorsión en contratos públicos.
En el eje de movilidad, la asambleísta Josebeth Jaramillo expuso una propuesta que busca ajustar la aplicación de sanciones bajo el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución. La iniciativa plantea que la reducción de puntos en la licencia de conducir se aplique únicamente a la categoría del vehículo con la que se cometió la infracción, evitando penalizaciones generales que afecten todas las habilitaciones del conductor.
La legisladora propuso reformar tanto el COIP como la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para establecer este criterio diferenciado en las sanciones.
En paralelo, la mesa legislativa abordó el endurecimiento de penas para delitos vinculados a la contratación pública. El experto en compras públicas Paúl Vázquez analizó la propuesta de tipificación de la extorsión en este ámbito, que contempla penas de entre 10 y 13 años de prisión.
Vázquez advirtió que la redacción actual del artículo 185.2 podría resultar demasiado amplia, al incluir como posibles responsables a proveedores, oferentes o adjudicatarios. Por ello, recomendó delimitar la aplicación de la norma a casos en los que exista adjudicación o fase contractual en curso, con el fin de evitar interpretaciones ambiguas.
Antes de estas comparecencias, la comisión resolvió unificar esta propuesta con el proyecto de reforma integral al COIP, lo que permitirá consolidar un solo texto para su debate en el Pleno.
El proceso legislativo continúa con el objetivo de fortalecer el marco penal en materia de seguridad vial y combatir prácticas irregulares en el uso de recursos públicos. (I)
