QUITO, Pichincha
La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el 15 de abril de 2026 la Ley Orgánica de Educación Financiera, una normativa que incorpora de forma obligatoria y progresiva contenidos financieros en escuelas, colegios y universidades del país. La mayoría legislativa, integrada por Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados, respaldó la iniciativa con el argumento de fortalecer la prevención de fraudes y mejorar la toma de decisiones económicas desde edades tempranas.
La presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar, lideró la ponencia y aseguró que el proyecto incluye enfoques de género e interculturalidad, además de adaptaciones para distintos grupos etarios. La legisladora destacó que el texto final recoge observaciones de bancadas políticas, especialistas en educación y expertos del sistema financiero.
El informe aprobado en segundo debate incorpora medidas específicas. La ley exige formación en prevención de fraudes electrónicos, uso seguro de plataformas digitales y manejo de servicios financieros en línea. También introduce capacitaciones en inteligencia artificial aplicada a finanzas personales y establece que entidades públicas y privadas prioricen la educación financiera de adultos mayores y grupos vulnerables.
Juan José Reyes
El proyecto lo presentó en julio de 2025 el asambleísta Juan José Reyes, quien defendió la necesidad de formar ciudadanos con criterios claros para evitar el sobreendeudamiento. En la misma línea, la legisladora oficialista Annabella Azín sostuvo que la norma dota a niños y jóvenes de herramientas prácticas para enfrentar el sistema financiero real y tomar decisiones responsables.
Durante el debate surgieron posiciones divididas en la bancada de la Revolución Ciudadana. El legislador Alejandro Vanegas reconoció que la ley tiene sustento técnico y aportes positivos para la educación financiera, aunque anticipó su voto en contra por disciplina partidista. Señaló, además, que los resultados de esta política pública se evidenciarán en el largo plazo, con impactos proyectados en al menos una década.
Finalmente, la bancada correísta votó en contra del informe, mientras la mayoría oficialista consolidó la aprobación de una normativa que busca reducir riesgos financieros, fomentar el ahorro y fortalecer la cultura económica en Ecuador. (I)
