QUITO, Pichincha
La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Educación Financiera, que obliga a docentes de todos los niveles a capacitarse en prevención de fraudes financieros y en el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, con el fin de trasladar estos conocimientos a estudiantes y ciudadanía.
La normativa, impulsada por la bancada oficialista, alcanzó 88 votos con el respaldo de Acción Democrática Nacional, el Partido Social Cristiano y un sector de Pachakutik, mientras la Revolución Ciudadana votó en contra. Tras su aprobación, el proyecto pasará al Ejecutivo para la decisión del presidente Daniel Noboa, quien podrá vetarlo o disponer su publicación en el Registro Oficial.
Cuerpo legal
El cuerpo legal establece un plazo de un año para que las autoridades educativas y el ente rector de la política financiera diseñen la estrategia de implementación. A partir de ese momento, los contenidos se integrarán de forma progresiva en las mallas curriculares de escuelas, colegios y universidades, respetando la autonomía académica.
La ley crea dos sistemas de formación. El primero corresponde a la educación formal, dirigida a estudiantes, donde los docentes deberán impartir contenidos prácticos sobre manejo del dinero, uso responsable de servicios financieros y prevención de delitos digitales. En este ámbito, la capacitación docente se vuelve obligatoria y continua.
Entre los ejes clave constan la identificación de fraudes electrónicos, el uso seguro de plataformas digitales, la protección de datos personales y la detección de riesgos vinculados a tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial. Además, se promoverán buenas prácticas para validar transacciones y evitar estafas en entornos digitales.
El segundo sistema corresponde a la educación no formal, orientada a grupos vulnerables, poblaciones rurales, migrantes y actores de la economía popular y solidaria. En este caso, las entidades del sistema financiero asumirán un rol activo en la capacitación, con programas que deberán ejecutarse al menos una vez al año en distintos cantones del país.
La normativa también impulsa la articulación entre instituciones educativas y el sistema financiero nacional para desarrollar contenidos adaptados a contextos culturales y sociales diversos. Con ello, el Estado busca fortalecer la cultura financiera, reducir riesgos de fraude y mejorar la toma de decisiones económicas en todos los niveles de la sociedad. (I)
