QUITO, Pichincha
La Contraloría General del Estado implementó un nuevo mecanismo de acceso a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios públicos, que ahora obliga a los ciudadanos a registrar sus datos personales antes de consultar esta información.
La medida consta en el Acuerdo No. 011-CG-2026, suscrito el 15 de abril por el contralor Mauricio Torres, y entró en vigencia de forma inmediata. La reforma modifica el reglamento anterior y establece que la consulta solo se podrá realizar mediante un proceso de validación de identidad del solicitante.
Desde ahora, los usuarios deben ingresar su número de cédula, fecha de expedición del documento, correo electrónico y aceptar un aviso de privacidad para acceder al sistema. Con este filtro, la entidad mantiene el carácter público de la información, pero limita el acceso directo.
El nuevo esquema también redefine el alcance de los datos disponibles. El sistema permite visualizar la identificación del declarante, su condición como persona políticamente expuesta, así como los valores totales de activos, pasivos y patrimonio. Sin embargo, restringe el detalle de bienes y otros componentes específicos.
La Contraloría justificó la reforma en la necesidad de proteger datos personales y garantizar principios como proporcionalidad, minimización y seguridad de la información. Además, argumentó que detectó un alto número de conexiones externas que afectaron el rendimiento del sistema, lo que motivó ajustes técnicos para asegurar su funcionamiento.
El acuerdo incorpora cambios adicionales, como la creación de un catálogo de formatos de declaraciones patrimoniales y la eliminación de anexos del reglamento anterior. También dispone que las áreas técnicas adapten el sistema en un plazo máximo de ocho días.
Las declaraciones patrimoniales constituyen un instrumento clave de control público, ya que permiten verificar la evolución de los bienes de los funcionarios durante el ejercicio de sus cargos. Con esta reforma, el acceso se mantiene, pero bajo condiciones que reabren el debate sobre transparencia y protección de datos en la gestión estatal. (I)
