QUITO, Pichincha
La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó, con ocho votos, el Informe para Primer Debate de la Ley Antimafias. La normativa propone reformas en tres cuerpos legales y busca atacar las economías criminales desde todos los frentes.
El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado “Ley Antimafias”, propuesta presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.
El Informe ya fue remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional y se espera que en los próximos días se realice el debate en el Pleno, según confirmó la legisladora Inés Alarcón, presidenta de la Comisión, el 24 de agosto de 2026
Ley antimafias
La iniciativa tiene 21 artículos y plantea reformas a la Ley de Extinción de Dominio, al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico de la Función Judicial. Además, incluye una disposición general y tres transitorias.
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades jurídicas e institucionales del Estado para prevenir la delincuencia organizada, investigar y juzgar a sus responsables, así como debilitar los recursos, la infraestructura y los medios logísticos utilizados para sostener su funcionamiento y permanencia.
En este sentido, la norma aborda este fenómeno criminal en sus distintas dimensiones, con la finalidad de reducir las capacidades operativas, territoriales, institucionales y económicas de las organizaciones criminales.
Pero, ¿qué cambiaría en la práctica si la Ley Antimafias supera el trámite legislativo y entra en vigencia? La propuesta no se concentra únicamente en aumentar penas. Busca perseguir diferentes niveles de las estructuras criminales, intervenir sus recursos económicos, reforzar las reglas procesales y evitar que los bienes incautados pierdan valor mientras permanecen bajo custodia estatal.
Articulación entre entidades
Asimismo, la reforma establece una articulación sistemática entre las distintas entidades estatales relacionadas con los ejes de seguridad y justicia, lo que permite una respuesta estatal ordenada.
En tal virtud, se delimitan responsabilidades, se atienden riesgos procesales, se protege la administración de justicia y se regula la conservación y administración de los activos vinculados con estos procesos judiciales.
Para el efecto, el proyecto contempla como ejes centrales los recursos estratégicos y la capacidad operativa; la estructura criminal y el control territorial; las garantías y los riesgos procesales; la integridad de la justicia y el ejercicio de la abogacía; así como la gestión patrimonial, la venta anticipada y la extinción de dominio.
Al respecto, la mesa legislativa concluyó en el informe para primer debate que la realidad actual exige que el Estado cuente con un marco jurídico capaz de responder a la complejidad, permanencia y capacidad de adaptación de las organizaciones criminales.
La reforma atiende esta necesidad y, a la vez, fortalece la protección de la ciudadanía, la recuperación de las condiciones de seguridad y la capacidad institucional del Estado.
Además, busca reducir la capacidad económica de los grupos criminales y evitar que los bienes bajo custodia se deterioren o generen cargas desproporcionadas para el Estado.
“Este es un día importante para la seguridad nacional, puesto que el informe para primer debate de la “Ley Antimafias” constituye un instrumento vital en la lucha contra el crimen organizado, que no se instaló durante el Gobierno del presidente Daniel Noboa y que, sin embargo, él enfrenta con valentía y decisión”, dijo Inés Alarcón, presidenta de la Comisión, destacó. (I)
