QUITO, Pichincha
La asambleísta por Tungurahua, Cecilia Baltazar, presentó el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo, Uso Ético y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que busca establecer un marco jurídico para el desarrollo y aplicación de estas tecnologías, con énfasis en la innovación, la competitividad, la transformación digital y la protección de los derechos fundamentales.
La propuesta plantea reglas para impulsar el desarrollo tecnológico y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de los ciudadanos. Y establece mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de proteger los datos personales y prevenir el uso indebido de la inteligencia artificial que pueda vulnerar derechos o afectar la imagen y dignidad de las personas.
Responsabilidades y sanciones
Baltazar señaló que es necesario establecer responsabilidades y sanciones frente al uso inadecuado de datos personales o de herramientas de inteligencia artificial, cuando estas sean utilizadas para afectar los derechos de los ciudadanos, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Para este propósito, el proyecto incorpora reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Entre sus principales contenidos, la iniciativa establece definiciones relacionadas con los sistemas de inteligencia artificial, principios rectores, clasificación y gestión de riesgos, derechos de las personas, mecanismos de gobernanza, fomento de la innovación y régimen de responsabilidad.
El ministerio rector de la transformación digital, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información ejercerá la rectoría en materia de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, de acuerdo con sus competencias legales y sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades sectoriales.
Asimismo, podrá convocar y mantener en funcionamiento un comité consultivo de carácter multiactor, integrado por representantes del sector público, privado, la academia y la sociedad civil, para dar seguimiento a la implementación de la normativa.
La aplicación de la nueva normativa deberá observar las disposiciones de la Constitución, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual y demás legislación vigente. (I)
