QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para fijar un límite de 90 días a las ausencias de autoridades locales bajo causal de remoción.
El cuerpo legal busca elevar los niveles de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas en las administraciones provinciales, municipales y parroquiales de todo el país.
Entre los cambios más trascendentales se encuentra la regulación estricta sobre la ausencia de prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales.
Inasistencia presencial
Con la nueva normativa, la inasistencia presencial de la autoridad no podrá exceder los 90 días continuos. Si se supera dicho límite, independientemente de que se haya mantenido una participación de manera virtual, se configurará formalmente una causal de remoción del cargo.
El proyecto normativo introduce además causales severas de destitución vinculadas a la ejecución de obras públicas e infraestructura local.
A partir de la vigencia de este articulado, el abandono o la paralización injustificada de proyectos heredados de administraciones previas será motivo suficiente para iniciar procedimientos de remoción contra las autoridades en funciones.
Límites en distribución de fondos públicos
En materia presupuestaria y fiscal, la reforma establece límites rigurosos para la distribución de los fondos públicos en los municipios y prefecturas.
Se fija la obligatoriedad de destinar al menos el 70% del presupuesto total a gastos de inversión u obra pública, restringiendo el gasto corriente e institucional al 30% restante para evitar el sobreendeudamiento administrativo.
Con la finalidad de reforzar la transparencia, el texto legal dispone que todas las sesiones de los Concejos Municipales y Provinciales sean transmitidas obligatoriamente en vivo mediante plataformas digitales.
Asimismo, se faculta expresamente a los concejales a fiscalizar de forma directa a las empresas públicas locales y se establece formalmente el cumplimiento de una jornada laboral de 40 horas semanales para dichos ediles.
Tras recibir el respaldo mayoritario del Pleno en el Legislativo, la propuesta fue remitida a la Presidencia de la República para su correspondiente trámite constitucional.
El Ejecutivo deberá evaluar la normativa para ratificarla a través de su sanción o, en su defecto, aplicar un veto parcial o total antes de su publicación oficial en el Registro Oficial. (I)
