QUITO, Pichincha
La Comisión de Fiscalización aprobó un plan de trabajo que implica investigar 57 casos planteados por los asambleístas que integran ese organismo legislativo, donde adviertan y sospechen de irregularidades administrativas, indicios de corrupción y afectación a los recursos del Estado. Todo este plan debe ejecutarse hasta diciembre de 2021.
Este plan lo aprobaron ocho de los nueve legisladores, el asambleísta Bruno Segovia (PachakutiK), no estuvo presente.
De la lista de peticiones de investigación la mayoría se concentra en el área de los contratos petroleros suscritos por anteriores gobiernos con empresas chinas; también los legisladores muestran interés por investigar hechos de corrupción sobre sobornos de Odebrecht a cambio de asignación de la obra pública; y la concesión para la operación de las empresas eléctricas.
El manejo de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y un supuesto reparto de hospitales consta en el largo listado de pedido de indagación política, así como los informes emitidos por la Contraloría del Estado; el proceso de inversión de becas para estudios en el exterior; casos de supuesta corrupción cometidos en el gobierno de Lenin Moreno, también constan en la lista aprobada este 7 de junio por los integrantes de la Comisión de Fiscalización.
De la acción fiscalizadora no se quedará el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; las concesiones en materia de minería y de carreteras, que también serán sometidas a investigación política.
Fernando Villavicencio, como presidente de la Comisión de Fiscalización señaló que para cumplir la agenda trabajaran todos los días, y así cerrar la página oprobiosa de una comisión que era de archivo.
Dijo que el plan de trabajo tiene que ser cumplido y fortalecido por cada uno de los integrantes de esta comisión hasta diciembre de 2021.
En plan de trabajo también está el trabajo desarrollado por la Contraloría del Estado donde se indagará las razones por las cuales se ha desvanecido glosas importantes de instituciones públicas y de los gobiernos autónomos descentralizados.
La Comisión de Fiscalización procesará el juicio político en contra del contralor del Estado, Pablo Celi, quien está investigado y guarda prisión preventiva por ser considerado como uno de los autores del delito de delincuencia organizada. Este juicio planteado por el asambleísta reelecto, Juan Lloret (UNES), ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa. (I)
