QUITO, Pichincha
La Conaie, Confeniae, Coica y otras organizaciones indígenas de la Amazonía llegaron hoy a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad a los Decretos Ejecutivos 95 y 191 que a su juicio incrementan el extractivismo petrolero y minero y el despojo de territorio a los habitantes autóctonos de la Amazonía ecuatoriana.
El Decreto Ejecutivo 95 firmado por el presidente Guillermo Lasso Mendoza delinea la nueva estrategia de producción petrolera en el país. Entre ellas se contempla la extracción petrolera en el área Ishpingo, una de las tres áreas que forman parte del bloque ITT, ubicado en el Yasuní.
Mientras que el Decreto Ejecutivo 151 se relaciona con un Plan de Acción para el sector minero. En este documento se estipula que el Ministerio de Energía la generación de normativa sobre los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas para los casos en que las decisiones o autorizaciones gubernamentales puedan influir en sus territorios, conforme a los lineamientos determinados por la Corte Constitucional del Ecuador.
La demanda de inconstitucionalidad alega que con los Decretos del Ejecutivo se vulnera el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos originarios a la consulta previa y el consentimiento libre e informado, además de otros derechos colectivos y de la naturaleza.
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, encabezó la delegación que presentó esta denuncia y manifestó que el Decreto 95 se aprobó “sin tomar en cuenta los efectos desastrosos” que ha dejado la extracción petrolera en el Oriente ecuatoriano.
“Una política de muerte”, calificó Iza a la intención del Gobierno de duplicar la extracción petrolera e invitó a cuidar “la Madre naturaleza”.
De su lado Nemonte Nenquimo, activista y líder indígena Wuaroani, dijo que los mencionados decretos son “una amenaza grande” para los territorios y pueblos indígenas. “La extracción petrolera no es desarrollo, es contaminación y muerte”, sentenció. (I)
