QUITO, Pichincha
La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, que preside Fernando Cabascango, por unanimidad de los siete presentes, aprobó el informe de fiscalización del caso Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, en el cual, entre otros aspectos, recomienda al Ministerio de la Producción, establezca una política nacional vinculante de responsabilidad social y ambiental, con estándares internacionales de derechos humanos, que sea aplicada por las empresas transnacionales que operan en el país.
El documento concluye que alrededor de 50 personas viven en dos campamentos de la hacienda Isabel en situación de explotación laboral, similar a un régimen de servidumbre de la gleba (forma de contrato social y jurídico típica del feudalismo); que la realidad verificada en los campos de la empresa, representa graves violaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales; y, que el Estado ecuatoriano sigue sin cumplir sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas campesinas y afrodescendientes, trabajadores agrícolas de la empresa Furukawa.
Frente a esta realidad, el ente parlamentario demanda del Presidente de la República la supresión de la Secretaría de Derechos Humanos, por no haber cumplido sus atribuciones y, en su lugar, crear el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a fin de que este órgano cuente con suficiente capacidad administrativa, técnica y financiera para el ejercicio de sus competencias; prevé impulsar una reforma al artículo 247 de la Ley de Seguridad Social, en el que se incorpore la excepción de entrega de la información reservada a la Asamblea Nacional.
Igualmente, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional designe a un asambleísta para que presente la solicitud de juicio político en contra de Patricio Donoso Chiriboga, ministro de Trabajo, de conformidad con las conclusiones del informe y lo determinado en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La Comisión remitirá este informe a la Presidencia del Legislativo, a fin de que se incorpore su conocimiento y debate en el Pleno en una de las agendas de las próximas sesiones. (I)
