LUXEMBURGO,
Ordenan el congelamiento de los activos de Ecuador en Luxemburgo, debido a la millonaria indemnización que debe pagar el Estado a favor de la petrolera anglo-francesa Perenco.
Mediante un documento revelado por la agencia Reuters se conoció acerca de la decisión dispuesta por una autoridad judicial luxemburguesa, en torno a la disputa por el pago de la deuda que ascendería a los 391 millones de dólares.
En 2021, Ecuador perdió el litigio contra la petrolera, debido a incumplimientos de las obligaciones emanadas de los Contratos de Participación y del Tratado Bilateral de Inversiones Ecuador-Francia.
“Hasta la fecha, más de un año después, Perenco aún no ha recibido ni un solo dólar de Ecuador”, dijo Perenco en un comunicado este lunes, al añadir que “tomará medidas para hacer valer sus derechos de pago contra Ecuador en Luxemburgo y otras jurisdicciones”.
Un documento al que tuvo acceso Reuters muestra que un agente judicial luxemburgués, Pierre Biel & Geoffrey Galle, ordenó el 28 de julio a 122 entidades bancarias que operan en Luxemburgo la congelación de activos en cuentas utilizadas por Ecuador en nombre de Perenco.
El arbitraje se inició en abril de 2008 y la indemnización fue establecida por un tribunal arbitral del CIADI, aunque la pretensión original de la petrolera francesa ascendía a 1.420 millones de dólares.
El tribunal consideró que Ecuador «violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de la petrolera Perenco» al incrementar de 50% a 99% la participación del país en las ganancias extraordinarias generadas por el alza del precio del petróleo.
Esa medida fue adoptada por el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien arrinconó a las petroleras extranjeras al recortarles las ganancias y cambiarles el modelo para operar en la nación.
Por lo que se aumentó la participación de Ecuador en las ganancias adicionales, al argumentarse el aumento del precio del petróleo.
Tras el fallo en contra del país, el actual Gobierno de Guillermo Lasso aseguró que honraría sus compromisos internacionales, «a pesar de cualquier discrepancia jurídica que haya sido expresada en el proceso».
Además, afirmó que, para proteger los intereses nacionales, solicitaría a las autoridades competentes el inicio de las «acciones de repetición» contra los servidores y autoridades públicas responsables de la decisión que llevó a la sanción arbitral.
El derecho de repetición es un instrumento legal que busca recuperar el monto pagado por un Estado, tras una sanción provocada por la acción de algún funcionario.
El fallo también estableció que Ecuador tiene derecho a ser indemnizado por los daños ambientales ocasionados por la empresa. De acuerdo con la Procuraduría General del Estado, el monto asciende a unos 54 millones de dólares. (I)
Con información de https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/
