QUITO, Pichincha
En el marco del tratamiento del proyecto de Ley de la Defensoría del Cliente, la Comisión de Régimen Económico escuchó a Alexandra Salazar, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, encargada.
Ahí, Salazar señaló que, en términos generales, la propuesta de defensor del cliente, ya se encuentra recogido en el Libro I del Código Monetario y Financiero y las regulaciones emitidas en su momento por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Precisó que con la promulgación de la Ley para Defender los Derechos de los Clientes del Sistema Financiero Nacional y Evitar Cobros Indebidos y Servicios No Solicitados se reformaron e incorporaron al Libro I del Código Monetario y Financiero disposiciones relativas al Defensor del Cliente, así como sobre el derecho de los usuarios y clientes del sistema financiero nacional a dirigir peticiones y reclamos y el procedimiento a efectuarse.
La funcionaria indicó que por la naturaleza de las entidades del sector financiero popular y solidario, estas se conforman por socios con los cuales realizan actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social y previa autorización con clientes o terceros.
En su intervención sugirió que de concretarse este proyecto de ley, se incluya un acápite en el que conste que las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario que realicen actividades de intermediación financiera debidamente autorizadas con clientes deberán contar con un Defensor del Cliente, de conformidad con la regulación que emita la Junta de Política y Regulación Financiera.
Por su parte la presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño indicó que los temas expuestos por la funcionaria serán tomados en cuenta en el análisis del proyecto.
A esta sesión también fueron invitados el ministro de Trabajo, Patricio Donoso; la presidenta de la Junta de Política y Regulación Financiera, María Vera, y, el defensor del Pueblo, César Córdova, quienes enviaron a sus delegados. La mesa legislativa resolvió volver a convocar a los titulares de estas instituciones para que emitan sus criterios sobre el proyecto. (I)
