QUITO, Pichincha
Con 84 votos afirmativos, 9 abstenciones y 32 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó enjuiciar políticamente a cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo, por incumplimiento de funciones.
La moción fue presentada por la legisladora Mireya Pazmiño. Además, se archivó el juicio político contra siete consejeros, presentado por Ricardo Vanegas.
El llamado obedece a una acusación de incumplimiento de funciones a raíz de las modificaciones que se les atribuye haber realizado al reglamento concernientes a la designación del nuevo Contralor del Estado.
De igual manera, también se hace referencia dentro de las acusaciones a la ausencia de transparencia en procesos relacionados al caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial.
La resolución fue aprobada tras registrarse un total de 85 votos a favor, los cuales provenían en gran parte del Partido Social Cristiano (PSC) y la bancada correísta.
Por censura y destitución
La Asamblea comunicó a través de su página web que de llegarse a ejecutar la censura y destitución los cuatro consejeros, sus puestos serán reemplazados por ciudadanos elegidos a través de votación popular en el 2021.
“No existen fundamentos. Aquí hay un interés del PSC y UNES (Unión por la esperanza) por tener mayoría en el CPCCS”, expresó el líder de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, en medio del debate en que se generó en la Asamblea en torno a la resolución. (I)
