QUITO, Pichincha
La asambleísta Diana Pesántez presentó un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal orientado a combatir, entre otros aspectos, la delincuencia organizada, considerada como uno de los delitos contemporáneos que generan serios peligros para la seguridad del Estado en cuanto a la vida de las personas, organizaciones y a la democracia.
La legisladora expresó que es menester considerar también que el sistema carcelario ecuatoriano pasa por una de las peores crisis de la historia. Y que los enfrentamientos entre bandas delincuenciales al interior de los centros de rehabilitación social, la extrema violencia y los asesinatos a reclusos por parte de sus compañeros tienen estremecida a la sociedad ecuatoriana.
Muchas de estas actividades tienen relación con las facilidades de los internos de coordinar los crímenes y delitos a partir de la telefonía móvil, a la que tienen acceso al interior de las cárceles.
Pesántez recordó que de acuerdo con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ante un proceso de fiscalización iniciado en la Asamblea Nacional, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) no ha solicitado desde el 2018 la colocación de inhibidores, pese a que las comunicaciones no autorizadas desde los centros penitenciarios representan un riesgo para la seguridad pública, por lo que es necesario que se coloquen bloqueadores o inhibidores de señal telefónica en todos los centros de privación de libertad.
Finalmente dijo que con esta medida se podrá evitar no solo las llamadas que tienen como fin cometer delitos de estafa, sino también combatir la planeación de crímenes desde las cárceles y combatir el tráfico de teléfonos celulares. (I)
