QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos afirmativos, ratificó los textos del proyecto de Ley de Juventudes que fue aprobado por el Parlamento. El documento será remitido se inmediato al Registro Oficial para su publicación.
La propuesta reconoce las particularidades de los jóvenes en el territorio nacional y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, para promover el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus deberes y obligaciones.
Según la normativa, se considera joven a toda persona comprendida entre los 18 y 29 años de edad. El cuerpo legal viabiliza los derechos de los jóvenes estipulados en la Constitución y diferentes cuerpos legales, fomentando la creación de políticas públicas que garanticen el desarrollo de los ciudadanos y el crecimiento como sociedad.
Se establece el derecho a la participación y organización social, a la salud integral y de calidad, a los servicios culturales y patrimoniales; al trabajo en condiciones justas; a la educación; acceso al sistema financiero; a la movilidad humana; al deporte, etc.
El asambleísta Mario Ruiz destacó que el proyecto fue construido con la participación de jóvenes y recordó que el Ejecutivo objetó las disposiciones que hacen referencia a los principios de aplicación de la ley.
También los derechos a la participación y organización social, a la salud, cultura, tecnologías de la información, trabajo digno, educación, acceso al sistema financiero y a la justicia, libre movilidad responsable y migración segura; obligaciones de las personas jóvenes, incentivos a la excelencia, residencia estudiantil, porcentajes de contratación obligatoria, permisos para estudios, entre otros, porque considera que se incrementará el gasto público, lo cual no responde a la realidad.
En el debate, los parlamentarios respaldaron la recomendación de la Comisión de Garantías Constitucionales de ratificar los textos aprobados por la Asamblea Nacional. Mencionaron que las objeciones planteadas por el Ejecutivo, pretenden deslindar la responsabilidad del Estado con los derechos de los jóvenes y que el Legislativo ha cumplido su trabajo de recoger la propuesta de las organizaciones juveniles. (I)
