GUAYAQUIL, Guayas
La deficiente gestión de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT), constituye suficiente razón para que esta institución pública, creada en 2018, desaparezca, ya que no se justifica la inversión de recursos públicos en una entidad burocratizada que no da resultados.
Así lo manifiestan ciudadanos consultados por este medio digital, quienes inicialmente aseguraron desconocer la existencia de este organismo público, cuya función es realizar la vigilancia y control a todos los niveles de gobierno relacionados con el ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico, uso y gestión del suelo.
“En lo personal no conocía la existencia de la SOT, hasta que usted me llamó a consultarme y me explicó lo que hace”, dijo a este portal, Arnoldo Alencastro, ciudadano guayaquileño que sostuvo un conflicto legal por varios años para evitar que le expropiaran un predio en la vía a la costa, donde se construiría una obra pública.
Alencastro señaló que temas relativos al ordenamiento territorial los ha tratado con la municipalidad, pero que “la SOT nunca tuvo ninguna participación. Yo peleé en la Corte, convoqué a vecinos y utilicé las redes sociales, para conseguir aquello que lideré”.
Guillermo Ayala es otro habitante del norte de Guayaquil, que ratifica la tesis de Alencastro. “Señor periodista, lamento informarle que no conocía de la existencia de ese organismo, por lo tanto, no puedo hacer ningún comentario”.
Nuevamente este medio explicó al ciudadano lo qué es la SOT, y Ayala respondió: “En este país existen organismos que muchos no conocemos y de los que conocemos, no sirven de mucho o más bien, para nada”.
Ante estas afirmaciones cabe preguntarse si la SOT realiza acciones comunicacionales eficaces y eficientes para que sea conocida como la entidad rectora del ordenamiento territorial a nivel nacional, y si además cumple con las funciones y competencias que por Ley le corresponden.
Al revisar el Twitter @sot_ecuador, se evidencia que, desde marzo de 2021, cuando asumió Pablo Iglesias Paladines como superintendente de ordenamiento territorial, el organismo se ha dedicado a realizar visitas técnicas e inspecciones en la mayoría de las regiones del país, pero los resultados, como sanciones o remediaciones, son muy pocas, nulas o no se conocen. Es decir, se invierte en uniformes, cascos y botas, logística, combustible y viáticos, pero no hay efectividad en las gestiones de control y vigilancia.
Grima Tapia Caisaguano, es la directora de comunicación, e inició sus funciones en la misma fecha que Pablo Iglesias se posesionó del cargo.
Un mes más tarde, el cargo de director de promoción, capacitación y difusión de derechos, le fue entregado a José Luis Moncayo, para que empodere los derechos ciudadanos, objetivo que al parecer tampoco se ha cumplido.
Ambos directores reciben remuneraciones mensuales de 2.368 dólares, pero en realidad, después de casi 2 años en funciones, la SOT sigue en el anonimato y no se evidencian estrategias efectivas de comunicación y tampoco difusión y promoción de derechos ciudadanos.
Mientras tanto, Pablo Iglesias Paladines, sigue como superintendente de Ordenamiento Territorial, ya no está en la sede de SOT en Cuenca, sino en Quito, para mayor comodidad. Tiene un sueldo mensual de 4.463 dólares.
Cabe recordar que su elección y designación fue cuestionada y calificada de irregular por la Asamblea Nacional, que inició en febrero de 2022, juicios políticos a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y a Pablo Iglesias. Este prolongado proceso finalizó en noviembre con la destitución de 4 consejeros. Pero al parecer, Pablo Iglesias se salvó de ser destituido.
En la siguiente edición conoceremos qué pasará con Iglesias, cómo llegó a la terna y logró el cargo tras derribar a Ginella Jácome Loor, la primera opción en la lista, que denunció públicamente y en la Fiscalía, haber sido contactada para que entregue cargos a cambio de ser designada como Superintendente de Ordenamiento Territorial. (I)