QUITO, Pichincha
Los siete legisladores que integran la comisión ocasional que investiga una supuesta trama de corrupción en el sector eléctrico durante el actual Gobierno están bajo la lupa desde el 18 de enero de 2023. En esa fecha, el Pleno del Parlamento (con 94 votos) les encargó fiscalizar y hacer un control político en el caso denominado ‘El Gran Padrino’.
La comisión multipartidista está integrada por Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano (PSC), Diego Esparza, Partido Socialista Ecuatoriano (PSE); Rodrigo Fajardo, Izquierda Democrática (ID); Mireya Pazmiño, de los rebeldes de Pachakutik (PK); Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES), Gruber Zambrano, Bancada oficialista Acuerdo Nacional (BAN) y Augusto Guamán, de los independientes que votan con el correísmo.
Ellos tenían plazo para entregar el informe para conocimiento del pleno el 22 de febrero, pero el 21 de febrero los legisladores interrumpieron el feriado de Carnaval y, con 108 votos, aprobaron una prórroga de diez días adicionales para que la Comisión entregue el informe de investigación al Gobierno.
Esparza, exgobernador de Zamora Chinchipe en 2014, contó que desde que iniciaron el control político han receptado más de 40.000 documentos entre ellos, contratos con las empresas eléctricas.
Delitos contra seguridad del Estado
Rodrigo Fajardo, doctor en derecho constitucional y asambleísta del Azuay, confirmó que tienen “planificado aprobar (el informe) este viernes, pero no es cien por ciento seguro, porque podría presentarse nueva información”.
Aclaró que aún no ha definido su voto al interno de la comisión y adelantó que la causal para sugerir al Pleno un juicio político al Presidente de la República estaría respaldada en el primer inciso del artículo 129 de la Constitución: “Por delitos contra la seguridad del Estado”.
A su criterio, Lasso habría sometido al país, por omisión, en una inseguridad pública. “El presidente debió tomar cartas en el asunto al tener conocimiento de estos hechos”, dijo. (I)
