QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 124 votos afirmativos, aprobó el informe de evaluación a la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que aborda y formula recomendaciones en los ejes de prevención, atención, protección y reparación, así como al Sistema Nacional Integral.
La asambleísta Johanna Moreira, ponente del informe, señaló que Ecuador cerró en el 2022 con 272 femicidios.
Recordó que la violencia de género contra las mujeres tiene su origen en la falta de atención por parte de las entidades que conforman el Estado, lo cual ha impedido que se apliquen estándares para prevenir, erradicar e incluso sancionar a los agresores.
Según el informe, se demanda del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, como ente rector para la aplicación de la ley, que asuma con responsabilidad la aplicación de las recomendaciones y que, en un plazo no mayor a 60 días, elabore un plan de ejecución para el seguimiento y cumplimiento de sus acciones, respecto a cada eje contemplado en la ley.
Recomienda a la Policía Nacional que sus acciones para prevenir la violencia de género, se basen en procedimientos que no rebasen sus competencias y no sean revictimizantes.
A los gobiernos descentralizados municipales y provinciales, conjuntamente con las juntas cantonales y parroquiales de protección asumir con responsabilidad sus competencias para prevenir, proteger y reparar, y cuando sea correspondiente sancionar a los responsables.
En el documento se exige al Gobierno Nacional que a través del Ministerio de Finanzas destine los fondos necesarios para la aplicación de la ley y una adecuada arquitectura institucional articulada y sólida a nivel nacional y territorial.
Y entregar el presupuesto sostenible para las Casas de Acogida y los Centros de Atención Integral y para los servicios de prevención, atención, protección y reparación que se requieren de manera urgente para la efectiva implementación de la ley.
Los legisladores exhortaron al Gobierno Nacional la ejecución de la declaratoria de emergencia por los alto índices de violencia contra las mujeres, y que, en el marco de sus atribuciones, garantice los recursos necesarios y suficientes para el funcionamiento de todos los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como la promoción de políticas públicas que permitan la efectiva implementación de esta ley. (I)
