QUITO, Pichincha
El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo, solicitó formalmente a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de los DD.HH., Tania Reneaum, que el organismo realice una visita al país para constatar la grave problemática que afecta a la Función Judicial y el impacto negativo que esto tiene en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.
Con fecha 17 de abril de 2023, Terán remitió un documento de 10 páginas en el que detalla las razones de su solicitud.
Cita, por ejemplo, que la Función Judicial cuenta con 10 480 servidores públicos a nivel nacional, pero que para brindar un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía se requiere cubrir 1648 partidas que se encuentran vacantes.
Además, existen 598 servidores en edad jubilar y de grupos de atención prioritaria, quienes, por la situación actual, no pueden acceder a su derecho a la jubilación. Asimismo, se registran 651.485 causas represadas a nivel nacional.
Con la cantidad actual de funcionarios resulta imposible brindar un sistema de justicia célere. Es imperante la incorporación de 692 jueces.
Disminuye presupuesto judicial
Por otra parte, la Dirección Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura evidenció que, en los últimos diez años, el presupuesto institucional ha disminuido considerablemente, limitando la capacidad de respuesta institucional.
La falta de presupuesto impide dar mantenimiento a las dependencias judiciales, adquirir insumos y contratar personal para cumplir con la misión y visión del Consejo de la Judicatura. Además genera un sentimiento de desconfianza en la sociedad.
Una de las mayores preocupaciones que tiene el Consejo de la Judicatura es el impacto diferenciado que puede tener la situación actual del sistema de justicia en aquellos grupos que se encuentran expuestos a mayor riesgo, pues la demora en los procesos judiciales no solo implica la acumulación de causas y el retraso en el sistema de justicia, sino también una lesión aumentada a los derechos de los ciudadanos.
En la solicitud remitida a la CIDH, se explica finalmente que los problemas en el sistema judicial ponen en riesgo los derechos al trabajo, a la protección judicial, a las garantías judiciales y a la igualdad ante la ley. (I)
