QUITO, Pichincha
El presidente Guillermo Lasso Mendoza no comparecerá ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en el marco del juicio político en su contra. El Primer Mandatario está citado para mañana miércoles, último día de este proceso.
El anuncio lo realizó el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz quien, dijo que, en principio, la presencia de Lasso dentro del proceso solo se dará si se llega a la segunda y última etapa, cuando tenga que realizar su alegato de defensa.
No obstante, Ortiz indicó que la última palabra la tiene el presidente sobre la posibilidad de presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pero que en principio se ha decidido que la exposición la realice el abogado del mandatario, Édgar Neira.
En ese sentido, Ortiz consideró que la defensa del presidente ha logrado desarticular los argumentos de la acusación y demostrar fehacientemente que Lasso no ha generado ninguna irregularidad en el caso de Flopec.
Ortiz insistió en que los contratos señalados fueron firmados en 2018 y 2020 por la anterior administración del presidente Lenin Moreno (2017-2021) y rechazó las afirmaciones de la oposición de que la actual gestión de Lasso no hizo nada al respecto sobre esos contratos.
Las comparecencias
Ayer lunes la Comisión de Fiscalización escuchó los criterios de ocho abogados constitucionalistas. Ellos fueron convocados por pedido de la defensa del primer mandatario.
A la diligencia acudió André Benavides, Mario Cuvi, Gonzalo Muñoz, Emilio Suárez, Pablo Encalada, Pablo Santillán, Juan Guerrero y Ramiro García.
Los juristas coincidieron que el dictamen de la Corte Constitucional señala que este proceso es un juicio político agravado. Por ello, no se limita a la pérdida de la confianza, sino que se requiere el cometimiento de un delito. En este caso, debe estar determinado en el artículo 129 de la Constitución de la República
“Si bien no hay que probar peculado a nivel judicial, sí se debe contar con hechos veraces conducentes a tratar de que se configuren los delitos del artículo 129 de la Constitución”, afirmó Mario Cuvi.
Responsabilidad política
Además, los abogados aseguraron que la determinación de la responsabilidad política requiere destruir la presunción de inocencia del procesado y que los hechos sean ciertos o tengan al menos verosimilitud, para lo cual la Asamblea Nacional deberá determinar si el primer mandatario tiene responsabilidad directa en el presunto peculado, si es por acción u omisión, y si esta omisión es vicaria.
Por otro lado, la legisladora interpelante Viviana Veloz cuestionó la imparcialidad de algunos de los comparecientes, quienes actualmente se desempeñan como funcionarios públicos.
Lo miembros de la Comisión de Fiscalización se reinstalarán el miércoles 26 de abril de 2023 para escuchar a los legisladores acusadores y a la defensa del Presidente de la República. (I)
