QUITO, Pichincha
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presentó el informe de rendición de cuentas de la Institución, correspondiente a 2022. El evento se desarrolló el pasado viernes de forma presencial, con representantes y delegados de varias instituciones públicas y de la sociedad civil.
Salazar cimentó su informe en las consultas recibidas de la ciudadanía sobre el trabajo de la Institución. Su intervención fue planteada en relación a los tres ejes de gestión institucional: transparencia, efectividad e innovación.
Durante su intervención, manifestó que, al cierre de 2022, se cuenta con 905 fiscalías, de estas 538 son especializadas, 300 multicompetentes, 23 fiscalías provinciales, 3 unidades de Gestión de Audiencias y 41 Unidades de Atención en Peritaje Integral. Además, se crearon 13 fiscalías.
Añadió que en 2022 ingresaron 353.817 noticias del delito. Los delitos de mayor incidencia fueron: robo (26,5%); violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar (8%); intimidación (7,5%); estafa (6,5%); y, hurto (5,7%).
Presupuesto institucional
Respecto al presupuesto, señaló que se le asignaron 142´240.825,49 dólares y se ejecutó el 99,66% y que la institución cuenta con 3.763 servidores (2.807 misionales y 956 administrativos) de los cuales 863 son agentes fiscales a escala nacional.
En relación con el eje de transparencia, la Fiscal General del Estado, destacó que, con la finalidad de generar una cultura ética y de servicio, durante 2022 se abrieron 43 investigaciones previas a partir de la presunta existencia de delitos de corrupción cometidos por servidores de Fiscalía.
Sobre la efectividad en la gestión, afirmó que Fiscalía enfocó sus esfuerzos al fortalecimiento de los procesos de atención al usuario, cobertura y gestión institucional, “trabajando día a día para devolver a la sociedad la confianza en el acceso a la justicia”, precisó.
La Fiscal General especificó que en la actual administración (entre 2019 y 2022) se judicializaron 11 casos de violaciones a los derechos humanos y/o crímenes de lesa humanidad; solo en 2022 se registraron avances significativos en varias causas.
Trabajo coordinado
Otro de los elementos destacados durante su intervención fue el trabajo coordinado de la Institución. Como resultado, Ecuador aprobó la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y actualmente es considerado un país cooperante con la Región en materia de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Con respecto al eje de innovación, la fiscal Diana Salazar Méndez mencionó el fortalecimiento institucional a través de la reestructuración y modernización, como la implementación del formulario de predenuncia en la página electrónica institucional, para presuntos hechos de robo y hurto.
Al concluir su intervención, la fiscal Diana Salazar Méndez agradeció a servidores y funcionarios de la Fiscalía General del Estado, por lograr que la Institución se proyecte hacia el futuro con un mejor acceso a la justicia, en favor de las víctimas y en contra de la impunidad. (I)
