QUITO, Pichincha
El 7 de septiembre, a las 08:30, será la diligencia judicial para la formulación de cargos por peculado contra el exvicepresidente de la República Jorge Glas Espinel. Así lo determinó el juez nacional Luis Rivera por pedido de la Fiscalía General del Estado.
Cabe recordar que la fiscal Diana Salazar solicitó al juez nacional iniciar el proceso relacionado con una obra para la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016, en el que están involucrados otros exfuncionarios gubernamentales.
En el marco del denominado caso Reconstrucción de Manabí, además de Glas, expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, también son investigados Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.
Solicitud en junio
La fiscal general, Diana Salazar, hizo la solicitud el 1 de junio pasado, una vez que encontró elementos suficientes que configurarían un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí.
“En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad”, señaló.
Desastre natural en Manabí
La Fiscalía recordó que el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el Gobierno de la época -el de Rafael Correa- conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, el 20 de mayo de 2016.
Según el ente acusador, esta ley contempló la recaudación sobre la remuneración de los trabajadores ecuatorianos para que sea destinada para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas costeras del país. “Con esta ley y el aumento del IVA se recaudaron más de $ 1.614 millones que se destinaron a contratos y proyectos que no fueron prioritarios en el contexto del terremoto, es decir, no eran emergentes, ni estaban dirigidos a los damnificados”, señala. (I)
