PORTOVIEJO, Manabí
La Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que conoció las apelaciones en la Acción de Protección presentada por Wilman Terán, declaró la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y al principio de coordinación entre entidades públicas.
Además, rechazó los recursos de apelación planteados por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Defensoría del Pueblo.
Como medidas de reparación integral, se ha dispuesto que el Gobierno del Ecuador, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del término de 15 días de notificada esta sentencia, consigne a favor de la Función Judicial la parte del presupuesto que constituye el déficit del gasto corriente y de inversión para el ejercicio fiscal del año 2023, sin recargo ni interés alguno. El objetivo de este desembolso es que “no continúen los daños” en el sistema de justicia.
Consignar valores
En la Acción de Protección, Terán planteó que la Presidencia de la República disponga al Ministerio de Economía y Finanzas que consigne el valor de USD 265.650.998,80, que constituye el déficit del gasto corriente del ejercicio fiscal 2023.
La omisión en la asignación adecuada de recursos mantiene a niños, niñas y adolescentes sin recibir oportunamente la determinación de sus pensiones alimenticias. Los trabajadores esperan años para acceder a sus prestaciones adquiridas.
Existen partidas de jueces y juezas que no han sido fondeadas y hay problemas en la infraestructura judicial y jueces han fallecido sin recibir sus jubilaciones.
Esta decisión judicial marca un hito histórico en la defensa de los derechos ciudadanos, la garantía en el acceso a los servicios de justicia y en la consolidación de un sistema judicial eficiente y eficaz para el Ecuador. (I)
