QUITO, Pichincha
Auditorías realizadas entre 2016 y 2023, la Contraloría General del Estado (CGE) emitió conclusiones en las que hay irregularidades recurrentes en los contratos de los radares, adquiridos para controlar el tránsito en cinco ciudades del país: Cuenca, Esmeraldas, Loja, Santa Elena y Ambato.
En ocho informes de auditoría de la CGE, el 42% de los hallazgos se refieren a incumplimientos de los compromisos contractuales por parte de las empresas concesionarias.
Entre otros aspectos, durante las acciones de control se advirtió́ la inobservancia de las especificaciones que garantizaban el buen funcionamiento de los sistemas y equipos para la detección de infracciones.
Por ejemplo, en Ambato se identificaron 389 infracciones por exceso de velocidad que fueron rechazadas debido a errores de digitación, boletas sin coordenadas, imprecisiones en la digitación de números de placa.
Además, no se notificaron las infracciones a los nuevos propietarios de vehículos que fueron vendidos, como dispone el Manual de Requisitos para la Emisión de Títulos Habilitantes de Tránsito.
Falencias en el cobro de multas
El 18% de los hallazgos de auditoria que constan en la muestra de informes analizados dan cuenta de falencias en la gestión de cobranza de las multas, lo que originó que los gobiernos autónomos no cuenten recursos suficientes para programas de educación sobre seguridad vial y otras actividades que favorezcan a la comunidad.
Sobre esta irregularidad, en Loja no se adjuntaron a las citaciones las fotografías del momento de la infracción, por lo que los conductores no conocieron la velocidad a la que circulaban.
También se multaron excesos de velocidad fuera de la red vial de competencia del cabildo.
Ante las violaciones de la normativa y el debido proceso, los jueces competentes emitieron sentencias absolutorias que dieron de baja títulos de crédito y dispusieron al gobierno autónomo descentralizado la devolución de USD 1.6 millones que se cobraron por multas. (I)
