QUITO, Pichincha
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó este martes el recurso de habeas corpus solicitado por la defensa del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, encarcelado provisionalmente tras ser detenido el 14 de diciembre.
Al titular se le dictó una medida de prisión preventiva el 15 de diciembre en el marco del caso ‘Metástasis’, referente a una presunta gran trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por infiltración y sobornos del narcotráfico.
Terán, en cuya vivienda se encontraron 25.000 dólares en efectivo al ser registrada por la Policía, permanece en la Cárcel 4 de Quito bajo los cargos de presunta delincuencia organizada, mientras la Fiscalía continúa las investigaciones, cuyo periodo dispuesto por el juez para la instrucción es de 90 días.
Libertad condicional
La medida de prisión preventiva fue dictada para al menos una docena de los otros treinta detenidos por este mismo caso, mientras que los demás quedaron en libertad condicional, con medidas restrictivas como comparecer periódicamente ante la Justicia.
La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, cuyo trabajo referente al caso Metástasis fue respaldado por la Asamblea Nacional mediante una resolución alcanzada el 18 de diciembre, estuvo presente en la audiencia de habeas corpus solicitada por Terán.
Para la Fiscalía, todos los detenidos eran parte de una estructura creada en diferentes niveles del Estado y en varias provincias del país para favorecer a Leandro Norero, uno de los presuntos grandes narcotraficantes de Ecuador, asesinado el año pasado en la cárcel de Latacunga, a 70 kilómetros al sur de Quito.
Al registrar los teléfonos celulares de Norero tras su asesinato, el Ministerio Público halló «evidencias» de una red de influencias y sobornos conformada por funcionarios judiciales de la Corte Nacional y cortes provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y Guayas, a cambio de beneficios judiciales.
Publica chats
El 18 de diciembre, la Fiscalía publicó extractos de más de una decena de conversaciones entre Norero y otras personas, entre ellas el periodista Andersson Boscán y la funcionaria judicial Mayra Salazar.
En el caso de Terán, la Fiscalía sostiene que en el momento de los hechos era juez de la Corte Nacional y que desde esa posición tuvo una presunta colaboración con el grupo criminal en la planificación para comprar las decisiones de los jueces nacionales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano de Norero. (I)
