QUITO, Pichincha
El Contralor General del Estado, Xavier Mauricio Torres, anunció que, desde el 28 de noviembre pasado, cuando asumió el cargo, y hasta hoy, 16 de enero, firmó 32 informes con indicios de responsabilidad penal por cerca de USD 40 millones.
Adicionalmente se han detectado alrededor de 240 responsabilidades administrativas y civiles con un aproximado de $20 millones.
Aclaró que estos casos, mientras están en investigación son reservados, sin embargo, dejó entrever que algunas de estas indagaciones podrían tener relación con el caso Metástasis.
“No descarto nada (…) la Fiscalía es el organismo que tiene la facultad para investigar estos casos; si es que no ameritan, se archivan, caso contrario pasarán a instrucción fiscal”, puntualizó.
Declaraciones juramentadas
Sobre la indagación en el contexto del caso Metástasis que lleva a cabo la Fiscalía, el Contralor también anunció que se solicitarán exámenes a declaraciones juramentadas de todos lo que están implicados. “Estamos prestos para colaborar con la justicia, y sobre todo con el país que necesita un baño de verdad”, señaló.
La Contraloría cuenta con 2.900 servidores y deben auditar a 3.400 entidades. En los últimos días también han llegado a la entidad, varios pedidos para que se realicen exámenes a declaraciones juramentadas.
Entre ellos a oficiales de las Fuerzas Armadas, a servidores públicos, incluyendo al expresidente de la República, Guillermo Lasso. “Todavía no tenemos resultados, pero en poco tiempo habrá resultados”, dijo.
Torres ambién anunció que la entidad a su cargo, en coordinación con otros organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), trabaja en la redacción de un proyecto de ley anticorrupción que será remitido a la Asamblea Nacional para su tratamiento.
Auditorías forenses
Durante una rueda de prensa convocada hoy, Torres puntualizó que la propuesta sería enviada a más tardar hasta el segundo semestre de este año, e incluirá, por ejemplo, una modificación a las auditorías gubernamentales con ámbito forenses e informático.
“Es una nueva modalidad de lucha contra la corrupción; hace falta que, por ejemplo, en el ámbito penal, ya no solo es suficiente que el indicio penal llegue a la Fiscalía y se active, sino que sea un medio de prueba como una herramienta útil para jueces y fiscales, lo que incluso llevará a determinar el delito”, señaló.
Anticipó que también se articularán esfuerzos para emprender en ciertos programas de innovación tecnológica como inteligencia artificial como medio de ayuda para efectuar declaraciones juramentadas que, eventualmente, detecten aumentos o disminuciones de patrimonios. (I)
