Por Pedro Merchán Miñán, Mag.
La situación de las víctimas inocentes de los sicarios en Ecuador es desgarradora y plantea serias preocupaciones éticas, legales y políticas.
La detención y enjuiciamiento de sicarios es un paso esencial para la justicia en el Ecuador, pero las víctimas inocentes que claman respeto a sus derechos y justicia merecen una atención prioritaria por parte del Estado. Detrás de cada persona asesinada por sicarios, hay madres, padres, hermanos e hijos que lloran la pérdida de sus seres queridos y el desconsuelo del desamparo. La dolorosa realidad es que las madres de los sicarios también lloran, pero hoy reciben la misma medicina que ellas han causado a otras familias.
En este contexto, no hay lugar para reclamos por parte de familiares del sicario que mata inocentes e inclusive niños. La sociedad enfrenta el desafío de garantizar que la justicia prevalezca sin comprometer los derechos humanos fundamentales de ninguna persona, pero con la firme determinación de exterminar este cáncer.
Las víctimas inocentes merecen un reconocimiento económico por parte del Estado, apoyo y medidas efectivas para prevenir futuros actos de violencia.
Es imperativo que las autoridades tomen medidas concretas para proteger a la sociedad y asegurar que los culpables enfrenten las consecuencias de sus acciones de por vida.
Esto incluye implementar políticas integrales de seguridad ciudadana (cadena perpetua) y fortalecer las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho.
La voz de las víctimas y sus familias debe ser escuchada y atendida, y es responsabilidad de todos trabajar hacia una sociedad donde la violencia y la impunidad no tengan cabida.
La lucha contra los sicarios y la protección de las víctimas inocentes requiere un enfoque colectivo que promueva la paz, la justicia y el respeto por la dignidad humana. (O)
