QUITO, Pichincha
El legislador Camilo Salinas, junto a un grupo de integrantes de la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, presentó un proyecto de reformas a la Ley de Carrera Sanitaria, en vigencia desde el año 2022, que conlleva a un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales de quienes velan por la salud de la población del Ecuador.
Salinas, al fundamentar su propuesta, advierte que, en Ecuador a la falta de medicinas e insumos médicos, hay que sumarle la urgente necesidad de profesionales de la salud en los diferentes niveles de atención.
Recordó que según la Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud en el Ecuador (OPS-OMS), la carrera sanitaria tiene por objetivo permitir la incorporación a la organización de personal idóneo.
Garantiza la permanencia
Esto garantiza su permanencia, asegurando su desarrollo y mejora de la competencia profesional, promoviendo su realización y satisfacción/motivación en el desempeño de su cargo, para que su contribución a la organización, se concretice en la prestación de servicios de salud con oportunidad, calidad y calidez a la población, en el marco del modelo de atención.
Dijo que varios gremios y representaciones de profesionales de la salud, han expresado de diferentes maneras la necesidad de mejorar la actual Ley de Carrera Sanitaria, cuyos aportes fueron recogidos en varias reuniones y mesas de trabajo en diversas ciudades y provincias para la elaboración de esta propuesta normativa.
Según el proyecto, el talento humano en salud amparado por la ley que haya obtenido nombramiento definitivo, resultado de ser declarado ganador del respectivo concurso de méritos y oposición, ingresará automáticamente a la carrera sanitaria.
Escalafón
Previo a su proceso de escalafonamiento, deberá contar con la correspondiente certificación de actualización de conocimientos en el área que se desempeña.
También determina que el talento humano en salud tendrá derecho a incentivos de desarrollo profesional, entre ellos, becas de estudios para todos los niveles de formación de educación superior, relacionados con las necesidades institucionales y del país; y, de acuerdo a un plan de capacitación continua institucional financiado.
El proyecto será remitido a la Unidad de Técnica Legislativa que debe preparar el informe previo para conocimiento del Consejo de Administración Legislativa. (I)
