GUAYAQUIL, Guayas
La Contraloría General del Estado predeterminó la destitución de la ex alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri; la ex directora de Recursos Humanos del Cabildo y ocho funcionarios que estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos en esta institución.
El personal tendría relaciones de parentesco o afinidad con dos concejales urbanos en funciones y con la ex directora de recursos humanos del gobierno autónomo descentralizado.
Esta funcionaria habría contratado a su prima, cuñado y hermanos mientras ejerció como delegada de la máxima autoridad para suscribir contratos de servicios ocasionales y acciones de personal.
Por su parte, la alcaldesa en funciones entre 2019 y 2023, Cynthia Viteri, contrató a los hermanos, la conyugue y la hija de los miembros del cuerpo colegiado municipal.
Estas personas habrían incurrido en la prohibición de nepotismo establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). La normativa prohíbe a toda autoridad nominadora contratar, en la misma entidad, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho.
La prohibición se extiende a los parientes de los miembros de cuerpos colegiados o directorios.
El organismo de control estableció las posibles sanciones administrativas como resultado del examen especial que ejecutó a la gestión del talento humano en el cabildo guayaquileño entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2023.
No hubo controles
La auditoría concluyó que no se implementaron los controles necesarios para evitar que se contrate a personal inmerso en las inhabilidades y prohibiciones para ejercer cargos públicos en la entidad.
En caso de confirmarse las destituciones, las personas sancionadas no podrán ejercer cargos públicos por dos años y, según lo establecido en el artículo 15 de la LOSEP, transcurrido ese periodo no podrán reingresar a trabajar en el Municipio de Guayaquil
Debido proceso A partir de la notificación, los posibles responsables cuentan con 30 días para presentar pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa.
Luego del análisis de estos argumentos, la CGE podrá confirmar total o parcialmente las responsabilidades o no confirmarlas, según lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. (I)
