QUITO, Pichincha
La Comisión de Fiscalización recibió nuevos insumos en torno al proceso de fiscalización del contrato de concesión del puerto de Manta y la empresa chilena Agencias Universales (Agunsa).
Entre los invitados estuvieron la representante de la Contraloría General del Estado, Gabriela Sulca Córdova; y, el exministro de Transporte y Obras Públicas, César Rohon.
Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría, explicó que se han desarrollado las acciones de control respectivas a las fases preparatoria y precontractual de la concesión del Puerto de Manta a Agunsa, donde se establecieron las glosas pertinentes e indicios de responsabilidad penal, cuya investigación está en manos de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, indicó que se ha dispuesto el inicio de acciones de control a la fase de ejecución del contrato del 1 de enero del 2019 al 2024, orden de trabajo que corresponde a la planificación de este año.
La siguiente orden de trabajo será incluida en la planificación de 2025, en lo referente al mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. Y que las acciones de control corresponden a distintos momentos, en este último caso, de la ejecución del contrato.
Concesión por 40 años
De su lado, el exministro de Transporte y Obras Públicas, César Rohon, subrayó que se trata de una concesión por 40 años, que incluye varias etapas de inversión.
Hasta el momento, en ocho años de gestión, Agunsa ha invertido alrededor de 39 millones de dólares, de un total de 171 millones de dólares pactados en los 40 años de concesión.
Añadió que la situación que atraviesa este contrato es compleja, puesto que hubo un movimiento de acciones que no fue notificada a la delegante y gracias a una acción de protección, la empresa que representa al Estado ecuatoriano no puede actuar, sino aceptar lo que hace Agunsa.
“La sentencia judicial está en etapa de apelación, pero no hay fecha para que se lleve a cabo la audiencia respectiva, lo cual refleja la crisis del sistema judicial”, enfatizó.
Compra venta de acciones
Entre tanto, Ronald Muñoz, exgerente de Autoridad Portuaria de Manta, informó que, en septiembre de 2023, se determinó que la empresa delegataria registró una compra venta de acciones, conforme consta de la verificación efectuada en la Superintendencia de Compañías, lo cual está prohibido y es causal de terminación unilateral del contrato.
Señaló que tratándose de un asunto sensible remitió un oficio de un párrafo al Gerente de la Terminal Portuaria de Manta, adjuntando el informe técnico del administrador del contrato y el informe jurídico.
En este documento jamás se mencionó que sería causal de terminación del contrato. Sin embargo, Agunsa acudió a la justicia ordinaria con una acción de protección con medidas cautelares, frente a lo cual la Autoridad Portuaria de Manta no podía ejercer ningún control.
Cumplidas las cuatro horas, la presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre suspendió la sesión, cuya reinstalación será convocada oportunamente. (I)
