QUITO, Pichincha
El movimiento Construye solicitó, este martes 07 de mayo, ante la Asamblea Nacional el cambio del orden del día para incluir la comparecencia de la ministra del Ambiente, Sade Fritschi Naranjo, quien deberá explicar las razones para el otorgamiento de un permiso ambiental a una empresa relacionada con la primera dama, Lavinia Valbonesi.
La bancada de Construye a través de sus redes sociales detalló que este tema deberá tratarse en el pleno del parlamento, debido a que “actuales ministros y el círculo familiar del presidente estarían vinculados con el proyecto inmobiliario”.
Relata la bancada de Construye que el permiso se concretó en una semana, “en una semana de gobierno obtuvieron un permiso ambiental que para otros tarda años”, advirtió Construye.
Al mismo tiempo la bancada rechazó el envió de funcionarios de los cuerpos de seguridad a la zona para “amedrentar a comuneros en lugar de combatir el crimen”.
Denuncia contra la primera dama
La Fundación La Iguana denunció la tarde de ayer la presunta irregularidad en el otorgamiento de los permisos y el delito ambiental que estarán desarrollándose en la zona de Olón, donde la empresa VinAzin, propiedad de Lavinia Valbonesi (según consta en el registro de Supercias) ejecuta un proyecto inmobiliario.
Según las investigaciones realizadas por la Fundación, en este momento se estaría cometiendo un ecocidio de “importancia al ecosistema del manglar”.
Detallaron que el proyecto inmobiliario, estaría ubicado en las adyacencias de “el esterillo Oloncito”, dentro del bosque protector que fue “declarado como tal mediante Acuerdo Ministerial #72, de 2001, por ser parte de la cordillera Chongón-Colonche, una de las áreas biodiversas más amenazadas de nuestro país”.
Apuntan que los terrenos que “pertenecen a la familia Noboa y que la empresa VinAzin pretende intervenir desarrollando un proyecto urbanístico, no incorpora a la naturaleza, sino que la desplaza y aniquila, colindan con el esterillo Oloncito, que se encuentra dentro del bosque protector”.
Para la fundación el otorgamiento de la permisología por parte del Ministerio del Ambiente, “se contrapone a su deber constitucional de proteger las áreas especialmente vulnerables”. (I)
