Por José Chica Pincay, docente e investigador
El debate sobre el transporte público en Guayaquil ha alcanzado un punto crítico. La propuesta de incrementar el pasaje en un 50%, de USD 0.30 a USD 0.45, ha generado un rechazo unánime entre los usuarios. La deficiencia del sistema de transporte es evidente: unidades obsoletas, inseguras y en mal estado que no justifican el aumento tarifario.
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, enfrenta una creciente oposición debido a su respaldo a la propuesta de los transportistas. Los usuarios critican duramente la calidad del servicio, describiendo los buses como «basureros rodantes». La falta de mantenimiento y renovación de las unidades convierte cada viaje en una experiencia incómoda y peligrosa.
La única excepción notable es la línea 89 “Saucinc”, que ofrece un servicio ejecutivo con buses eléctricos y aire acondicionado, respetando las paradas y evitando la subida de vendedores ambulantes.
Este ejemplo demuestra que es posible ofrecer un buen servicio a un costo razonable y debería servir como modelo para el resto del sistema de transporte.
Entonces, el anuncio del alcalde respecto al incremento del pasaje plantea interrogantes sobre la equidad y la eficiencia del servicio. Los ciudadanos cuestionan que en los mismos buses deteriorados y sucios se pretenda cobrar un 50% más.
Además, resaltan que el costo elevado impactará gravemente en la economía de los sectores más vulnerables, que ya luchan para cubrir el actual pasaje de USD 0.30 centavos.
Al otro lado está el sistema Metrovía, un proyecto que prometía modernizar el transporte urbano, ha fracasado rotundamente según los usuarios. A pesar de la inversión significativa, el sistema se percibe como obsoleto y en decadencia.
Los buses de la Metrovía, al igual que los del resto del sistema, son vistos como inseguros y poco confiables, lo que genera una profunda desilusión y frustración entre los habitantes de Guayaquil.
La situación se agrava con el mal estado de los buses y la falta de seguridad tanto para los pasajeros como para los choferes, quienes son víctimas de asaltos y violencia. Los ciudadanos sienten que la alcaldía favorece a los transportistas a expensas de la mayoría, lo que ha provocado un fuerte rechazo hacia la administración de Álvarez.
Para justificar un aumento en el pasaje, los usuarios demandan mejoras sustanciales en el servicio. Esto incluye la renovación de la flota de buses, la limpieza y el mantenimiento regular de las unidades, y la formación de los choferes para que respeten las normas de tránsito y no utilicen el celular mientras conducen. Solo con estas mejoras, los ciudadanos estarían dispuestos a considerar un incremento tarifario.
Es evidente que el transporte público en Guayaquil necesita una reforma profunda. La falta de unidades nuevas y limpias, la ausencia de paradas y el ruido excesivo dentro de los buses son problemas que deben abordarse de inmediato. Sin estas mejoras, cualquier incremento en el costo del pasaje será visto como una medida injusta y abusiva.
Los ciudadanos de Guayaquil merecemos un transporte público seguro, eficiente y digno. Es responsabilidad de la alcaldía escuchar a los usuarios y trabajar en conjunto con los transportistas para implementar las mejoras necesarias antes de considerar cualquier incremento en el pasaje.
Al fin y al cabo, la administración de Aquiles Álvarez debe priorizar la modernización del transporte público para ganar la confianza de los ciudadanos y justificar cualquier ajuste tarifario.
La economía del pueblo está en juego y es fundamental que las decisiones sobre el transporte público reflejen las necesidades, y las preocupaciones, de todos los guayaquileños. Mientras no se mejore la seguridad y la calidad del servicio no se puede hablar de alza de pasaje en nuestra ciudad. (O)
