QUITO, Pichincha
Desde el 2020 hasta mayo de 2024 se han registrado 220 000 denuncias por violencia física, psicológica y sexual. Este es uno de los sustentos para las reformas al Código de la Función Judicial.
Este martes, 21 de mayo de 2024, el Pleno de la Asamblea aprobó los cambios, con 92 votos a favor.
Reglas para los concursos de oposición y méritos, convocatoria pública, jornadas legales de trabajo, inclusión del teletrabajo, traslados, prescripción y caducidad de la acción, facultades y deberes de las juezas y jueces, competencia de las Salas de las Cortes Provinciales. Estos son algunos de los temas que incluye la normativa.
También se contemplan las facultades y deberes de jueces, competencia de las salas de las cortes provinciales, competencia de los jueces especializados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y archivo nacional notarial.
Juzgados son un punto neurálgico
Uno de los temas cruciales es la creación de los juzgados especializados en violencia contra la mujer u otros integrantes del núcleo familiar. Según Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, la meta es combatir los delitos y la impunidad.
Durante la sesión del Pleno de la Asamblea, María José Gutiérrez, del Instituto Igualdad de Género y Derecho, recordó que entre el 2017 y 2024 se registran 725 casos de femicidios.
Tampoco quedaron fuera realidades como que cinco de cada 10 estudiantes han sido víctimas de acoso sexual en el ámbito universitario.
Previo al debate, en comisión general, Lola Balladares, representante de ONU Mujeres, sostuvo que el ejercicio de los derechos constituye un elemento fundamental del estado de derecho y gobernabilidad, siendo necesaria la existencia de una justicia especializada en casos de violencia.
Retroceso en derechos
Estefanía Guillén, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, rechazó el decreto que transforma al Ministerio de la Mujer porque es un retroceso en derechos. Exigió que exista una justicia especializada en violencia contra mujeres, considerando los precedentes internacionales.
Jessica Jaramillo, representante Fundación contra la Violencia, precisó que esta reforma es prioridad, porque justicia que desconoce o justicia que tarda no es justicia. “Los operadores de justicia deben abordar los casos de violencia sexual con sensibilidad de género”, dijo.
María José Gutiérrez, del Instituto Igualdad de Género y Derecho, recordó que entre el 2017 y 2024 se registran 725 casos de femicidios. “Estamos expuestas a la violencia de género, a la violencia en los espacios universitarios y acoso sexual en los espacios de poder. 5 de cada 10 estudiantes, han sido víctimas de acoso sexual en el espacio universitario”, mencionó.
Tras la comisión general, el legislador ponente del informe, Fernando Cedeño expuso el contenido de la reforma hacia una administración de justicia eficaz, garantizando el ejercicio de los derechos humanos, dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia.
La propuesta normativa de 25 artículos es el resultado del análisis de cuatro iniciativas, en 10 sesiones y aportes de varias instituciones. (I)
