QUITO, Pichincha
La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) presentó el 9 de julio de 2025 una denuncia urgente ante la Fiscalía General del Estado para impedir la posible fuga del asambleísta Santiago Díaz, acusado de presunta violación a una menor de edad.
Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y exmiembro del movimiento Revolución Ciudadana —al que también perteneció Díaz— expresó su preocupación por el riesgo de que el legislador escape del país. “Todos huyen, y desde el extranjero son valientes para hablar”, advirtió en rueda de prensa junto a otros miembros de ADN.
Mishel Mancheno
Simultáneamente, la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, anunció que solicitará al Consejo de Administración Legislativa (CAL) bloquear la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que Díaz presentó, la cual busca reducir la edad mínima de consentimiento sexual de 18 a 14 años, basándose en un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
La iniciativa llegó a la presidencia de la Asamblea el 3 de julio, cinco días antes de que se hiciera pública la denuncia en contra de Díaz por la presunta violación de una niña de 12 años. Mancheno sospecha que la reforma responde a un interés personal por parte del asambleísta para protegerse.
La propuesta contó inicialmente con el respaldo de diez legisladores afines al correísmo, entre ellos Cristina Jácome, Franklin Samaniego, Roque Ordóñez y Juan Pablo Molina, quienes rechazaron públicamente su apoyo y exigieron retirar sus firmas del proyecto. Los otros seis aún no se han pronunciado.
Desde la Revolución Ciudadana, aseguraron desconocer el paradero de Díaz, quien solicitó licencia sin remuneración a la Asamblea desde el 8 de julio, día en que se conoció la denuncia. La legisladora Jahiren Noriega confirmó la expulsión de Díaz de la bancada, pero aclaró que la Asamblea no cuenta con un procedimiento formal para destituirlo, dado que primero debe resolverse el caso en los tribunales.
Mientras tanto, la curul del acusado permaneció vacía durante la sesión plenaria del 8 de julio, aumentando la incertidumbre sobre su situación y la transparencia del proceso judicial que enfrenta. (I)
