
GUAYAQUIL, Guayas
El allanamiento ejecutado por la Fiscalía General del Estado en el Municipio de Guayaquil continúa generando cuestionamientos cinco días después de la intervención, especialmente por la falta de claridad sobre la denuncia que originó la investigación.
La diligencia se realizó el 2 de abril de 2026 como parte de un proceso por presunta falsificación y uso de documento falso. Agentes ingresaron a varias dependencias municipales, entre ellas Secretaría General y Talento Humano, donde recopilaron documentación clave para el caso.
La concejal Emily Vera aseguró que el operativo se centró en un documento puntual: la licencia sin sueldo solicitada por el alcalde Aquiles Alvarez el 9 de febrero, un día antes de su detención en el denominado caso Goleada. Según indicó, los agentes se retiraron con copias de ese permiso administrativo.
Vera cuestionó la falta de información sobre el origen del proceso. Afirmó que hasta el momento no se conoce quién presentó la denuncia ni bajo qué fundamentos se impulsó la investigación. Esta ausencia de detalles, sostuvo, debilita la transparencia del procedimiento.
La edil también vinculó el allanamiento con el contexto judicial del alcalde. Señaló que la intervención ocurrió pocas horas después de que se revocara una de las prisiones preventivas en el caso Goleada, aunque posteriormente se dictaron nuevas medidas en otros procesos. Desde su perspectiva, esta secuencia evidencia una actuación acelerada y selectiva por parte de las autoridades.
En ese sentido, Vera sugirió posibles motivaciones políticas detrás del operativo y criticó lo que considera una aplicación desigual de la justicia. Afirmó que algunos casos avanzan con rapidez mientras otros permanecen estancados.
Pese a las críticas, el Municipio de Guayaquil aseguró que mantiene su colaboración con las autoridades y no ha interrumpido sus actividades. La administración municipal continúa con obras, servicios y atención ciudadana con normalidad, mientras espera mayor claridad sobre el desarrollo del proceso.
Finalmente, el concejal reiteró que el alcalde Alvarez sigue en funciones, ya que no existe una sentencia ejecutoriada en su contra. El cabildo se mantiene a la expectativa de nuevos pronunciamientos oficiales que definan el alcance real de la investigación. (I)

