QUITO, Pichincha
Un grave escándalo sacudió al sistema judicial ecuatoriano tras la difusión de imágenes en las que el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan realizó una señal inequívoca de muerte contra el juez anticorrupción Carlos Serrano, luego de que este se negara a absolverlo y lo condenara por lavado de activos el 20 de noviembre de 2025.
Srdan, procesado en el caso Euro 2024, que investiga una estructura internacional vinculada a la mafia balcánica, participó vía telemática en la audiencia desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Durante la diligencia, el sentenciado deslizó el dedo por su cuello, gesto que quedó registrado en video y fue reportado a las autoridades para reforzar la seguridad del magistrado.
El caso tomó estado público el 17 de diciembre tras una columna de opinión del abogado Felipe Rodríguez, quien reveló que las amenazas comenzaron en septiembre, meses antes de la audiencia. Según su relato, un presunto alto funcionario del Consejo de la Judicatura intentó contactar al juez fuera del Complejo Judicial Norte para presionarlo. Serrano rechazó la cita y luego recibió llamadas en su despacho para exigirle que declare inocente a un extranjero. Por seguridad, el magistrado grabó esas conversaciones.
Retiraron la custodia
Pese a la gravedad del caso, en diciembre las autoridades retiraron la custodia policial al juez Serrano. Ante ese escenario y los riesgos para su integridad, el magistrado presentó su renuncia el 4 de diciembre, aunque hasta el 17 de diciembre el Consejo de la Judicatura aún no la aceptaba.
Tras la exposición pública, el Consejo de la Judicatura informó que remitió la noticia criminis a la Fiscalía para que abra una investigación previa. También solicitó al Ministerio del Interior un análisis de riesgo para el juez y su familia, debido a la difusión de su imagen y datos personales. La entidad anunció, además, acciones internas desde la Dirección de Transparencia, sin pronunciarse sobre el retiro de la seguridad ni sobre la renuncia presentada.
La Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una investigación previa por tráfico de influencias, ante los presuntos amedrentamientos dirigidos a modificar una decisión judicial.
Carlos Serrano integra, además, el Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A, cuyo juicio está previsto para el 24 de diciembre, contra 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por presuntos delitos relacionados con la comercialización ilegal de combustibles.
La Corte Nacional de Justicia y el Colegio de Abogados expresaron su respaldo al juez y exigieron medidas urgentes de protección para los operadores de justicia, ante los riesgos crecientes que enfrentan en casos de crimen organizado. (I)
