QUITO, Pichincha
La exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, Samantha Lozada, denunció haber quedado en total indefensión institucional tras recibir amenazas directas de grupos vinculados a Los Choneros y sobrevivir a un atentado armado. La exfuncionaria responsabiliza a la administración de Mario Godoy por ignorar reiteradas alertas de riesgo y no garantizar su seguridad, pese a informes oficiales y pedidos formales de protección.
Lozada relató que las intimidaciones comenzaron en abril de 2024, semanas después de asumir el cargo, cuando detectó irregularidades graves en procesos por tráfico ilegal de combustibles, minería ilegal y drogas en Orellana. Según su testimonio, varias causas colapsaban antes de llegar a audiencias por fallas en pericias policiales, lo que facilitaba la liberación de detenidos y alimentaba el control del crimen organizado en la provincia.
Tras elevar alertas en mesas de justicia y exigir acciones concretas, recibió advertencias de muerte asociadas a alias “Topo”, operador cercano a José Adolfo Macías, “Fito”, cabecilla de Los Choneros. Un informe de riesgo determinó un 61 % de peligrosidad, pero la Judicatura solo asignó un custodio, quien advirtió por escrito que no podía protegerla en solitario.
Lozada
El 27 de septiembre de 2024, sin resguardo policial, Lozada salió de Orellana ante amenazas inminentes contra su familia. En Quito, trabajó bajo teletrabajo con custodia armada, pero sin vehículo blindado. Pese a denunciar los hechos ante el presidente del CJ, Mario Godoy, asegura que nunca recibió respuesta.
La situación escaló el 22 de octubre de 2025, cuando regresó brevemente a Orellana. En un semáforo, dos hombres en motocicleta intentaron asesinarla. El arma del sicario se encasquilló en repetidas ocasiones, lo que evitó su muerte. Peritajes balísticos confirmaron al menos ocho disparos, tres de ellos contra el vehículo en el que viajaba con su padre.
Después del ataque, Lozada solicitó ayuda urgente para salir de la provincia. El Ministerio de Defensa negó apoyo aéreo y el Ministerio del Interior no facilitó transporte blindado. Finalmente, un general de la Policía la evacuó en su propio vehículo. Días después, el Pleno del Consejo de la Judicatura aceptó su renuncia sin notificación previa y retiró de inmediato su custodia policial.
La exfuncionaria denunció además campañas de desprestigio en su contra y afirmó que Human Rights Watch y Naciones Unidas enviaron solicitudes formales de protección al presidente del CJ desde diciembre de 2024, sin obtener respuesta. Actualmente, Lozada cuenta con una visa de protección internacional y tramita asilo en el exterior.
“Me dejaron sin trabajo, sin seguridad y expuesta”, afirmó. La exdirectora responsabilizó directamente a las autoridades que, según sostiene, ignoraron sus alertas, por cualquier atentado contra su vida o la de su familia. (I)
