QUITO, Pichincha
Andrea Arrobo, exministra de Energía, comunicó el pasado 3 de diciembre que no comparecerá ante la Asamblea Nacional en el marco del juicio político que enfrenta por presunto incumplimiento de funciones. Alegó que teme represalias devastadoras contra su vida y la de su familia si revela información clave sobre la crisis eléctrica que atravesó el país.
En una carta pública, Arrobo señaló que posee pruebas que demuestran cómo informó al presidente Daniel Noboa sobre la gravedad de la crisis energética y las acciones necesarias para mitigarla. Aseguró que le prohibieron hablar públicamente al respecto y cancelaron una rueda de prensa que había preparado. «Si revelo los chats y la verdad, mi vida estará en peligro», manifestó.
El juicio político, respaldado por el oficialismo y partidos como Construye y el PSC, se llevará a cabo pese a la oposición del correísmo. Para que Arrobo sea censurada, se requiere el respaldo de al menos 92 de los 137 legisladores. La exministra calificó este proceso como un acto político que busca beneficiar a diversas fuerzas electorales de cara a las elecciones generales de 2025.
Arrobo denunció ser víctima de acoso político, incluyendo vigilancia policial y el uso de drones sobre su hogar. Además, afirmó que exponer públicamente la verdad podría llevar a su inmediata detención. «Pudiendo humillar al Régimen, decido no hacerlo en este juicio político», subrayó.
La exfuncionaria, quien aseguró que nunca ocultó información y cuenta con evidencia técnica para respaldar sus decisiones, concluyó su mensaje con un duro cuestionamiento: «¿Cómo puede avanzar un país que sacrifica a sus funcionarios bajo el autoritarismo y la persecución?»
La decisión de Andrea Arrobo expone los riesgos que enfrentan los funcionarios públicos en entornos polarizados y politizados. ¿Es posible garantizar justicia y transparencia en un escenario donde la seguridad personal de los involucrados está en juego? (I)
