QUITO, Pichincha
El asambleísta oficialista Andrés Castillo, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), planteó el 10 de junio de 2025 una reforma legal que permita sancionar con penas de adultos a adolescentes que cometan delitos graves, como homicidios o asesinatos. La iniciativa será incluida en el proyecto de ley urgente que tramita la Asamblea Nacional.
En la actualidad, la pena máxima que puede recibir un menor de edad es de ocho años. Castillo propone que esa pena se eleve hasta 20 años o más, dependiendo de la gravedad del delito, con una particularidad: los infractores cumplirían su condena inicialmente en centros para adolescentes, pero al alcanzar la mayoría de edad serían trasladados a cárceles comunes.
Argumenta que bandas usan menores como escudos
El legislador asegura que las organizaciones delictivas reclutan a menores para ponerlos «en primera línea de combate», aprovechándose de su inimputabilidad y de penas menores. “Hay que endurecer las leyes. No puede ser que por tener 17 años y 11 meses, alguien que mató salga libre en pocos años”, dijo en rueda de prensa.
Entre enero y junio de 2025, las fuerzas del orden detuvieron a 1.179 adolescentes por delitos varios. En todo 2024, la cifra fue de 2.277 menores procesados, de los cuales 73 estuvieron involucrados en crímenes contra la vida.
Castillo aclaró que su propuesta contempla beneficios para los adolescentes que cooperen con la justicia. Por ejemplo, si un joven revela quién lo reclutó o qué organización delictiva lo obligó a delinquir, su pena podría ser reducida.
Intentará incluirla en ley económica urgente
El parlamentario explicó que entregará su propuesta a la Comisión de Desarrollo Económico, con el fin de integrarla al proyecto de ley urgente de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, que envió el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente.
Aunque la reforma penal no guarda relación directa con el contenido económico del proyecto, Castillo justificó su inclusión alegando flexibilidad en el trámite legislativo. “Cuando una ley entra como urgente, durante su tratamiento se pueden incorporar aspectos relevantes, incluso si no estaban contemplados inicialmente”, afirmó.
Como ejemplo citó la reciente Ley de Solidaridad Nacional, que empezó como una propuesta contra economías ilícitas y terminó incorporando artículos sobre sociedades anónimas deportivas.
La propuesta de Castillo ya genera debate entre constitucionalistas y legisladores, por una posible violación del principio de unidad de materia que rige en los proyectos con carácter urgente. Aun así, el bloque de ADN respalda la iniciativa como parte de una política más severa frente al crimen organizado. (I)
